“Somos los nuevos enemigos del Estado”, manifestó Juan Pardinas, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad, quien redactó e impulsó la ley 3de3. Su iPhone y el de su esposa fueron blanco en varias ocasiones del programa espía, según un análisis forense independiente, por lo que lamentó que “la nuestra es una sociedad en la que la democracia se ha deteriorado”.
A pesar de que el sistema de espionaje adquirido por el gobierno federal sólo debería ser utilizado para investigar a presuntos criminales y terroristas, defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción se han visto afectados por esta situación; se encuentran abogados que investigan la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, un economista que ayudó a redactar un proyecto de ley anticorrupción, dos de los periodistas más influyentes de México y una estadunidense que representa a víctimas de abusos sexuales cometidos por la policía.
Desde 2011, al menos tres agencias mexicanas han gastado casi 80 millones de dólares en programas de espionaje de una empresa de origen israelí y los intentos de espionaje incluso han alcanzado a los familiares de los activistas y periodistas, incluido un adolescente.
El software conocido como Pegasus funciona infiltrándose en los teléfonos inteligentes y otros aparatos para monitorear cualquier detalle de la vida diaria de una persona por medio de su celular: llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, contactos y calendarios. Incluso puede utilizar el micrófono y la cámara de los teléfonos para realizar vigilancia.
NSO Group, empresa que fabrica el software, ha asegurado que vende esta herramienta de forma a los gobiernos con la condición de que únicamente sea utilizada para combatir a terroristas o grupos criminales y cárteles de drogas, sin embargo, según mensajes examinados por The New York Times y analistas forenses independientes, el software ha sido utilizado para vigilar a algunas de las personas que han sido más críticas del gobierno, lo que muchos ven como un intento sin precedentes para debilitar e intimidar a quienes intentan ponerle fin a la corrupción que afecta a la sociedad mexicana.
De acuerdo con la normativa mexicana, un juez federal es el único que puede autorizar la vigilancia de comunicaciones privadas y sólo cuando los funcionarios justifican la solicitud para realizar esa solicitud, por lo que “es muy poco probable que el gobierno haya recibido esa aprobación judicial para hackear los teléfonos de los activistas y periodistas”, advirtieron varios ex funcionarios de los servicios mexicanos de inteligencia.
Eduardo Guerrero, ex miembro del Centro de Investigación y Seguridad Nacional de México, subrayó que “las agencias mexicanas de seguridad no le pedirían una orden a la corte porque saben que no la obtendrían”, porque, cuestionó, “¿Cómo sería posible que un juez autorizara vigilar a alguien que se dedica a la protección de los derechos humanos?”.
De la misma manera, aunque reconoció que sí es posible buscar que la aprobación para intervenir los teléfonos celulares, afirmó que en México no se necesita permiso para hacerlo.
En el caso de Carmen Aristegui, un operador se hizo pasar por la embajada de Estados Unidos en México y le pidió darle clic en un enlace para resolver un supuesto problema con su visa. La esposa de Pardinas, el activista anticorrupción, recibió un mensaje en el que le ofrecían pruebas de que su marido tenía un amorío.
El gobierno mexicano ha reconocido haber recabado información de sospechosos legítimos de un modo apegado a derecho. “Como en cualquier régimen democrático”, y ha argumentado que se hace con la intención de combatir el crimen organizado y las amenazas contra la seguridad nacional, aunque también ha rechazado que alguna de sus dependencias realice acciones de vigilancia o intervención de comunicaciones sin previa autorización judicial.
Por desgracia, no hay pruebas definitivas de que el gobierno sea responsable de estas intervenciones telefónicas, pues Pegasus no deja rastros de la persona que lo utilizó, e incluso NSO Group señala que no se puede determinar exactamente quién está detrás de los intentos específicos de hackeo.
Además, la compañía aseguró que es muy poco probable que los cibercriminales hayan obtenido acceso a Pegasus de algún modo, porque el programa solo puede ser utilizado por las agencias gubernamentales en las que se ha instalado la tecnología, NSO Group afirma que investiga el historial de los gobiernos en temas de derechos humanos antes de venderles el software.
Según las propuestas de comercialización de NSO Group que revisó The New York Times, la compañía simplemente le cobra a sus clientes gubernamentales según el número total de objetivos a vigilar.
Desafortunadamente la compañía aseveró que no puede hacer mucho en contra del mal uso del software, pues su único recurso es ir reduciendo poco a poco el acceso del gobierno a las herramientas en el transcurso de varios meses, o incluso años, al dejar de proporcionar nuevos parches o actualizaciones del software, pero en México NSO Group no ha reconocido que haya abuso de su herramienta, a pesar de que se han presentado evidencias en repetidas ocasiones que demuestran que se han utilizado en contra de ciudadanos comunes y sus familias.
Hijo de Carmen Aristegui también ha sido víctima
De acuerdo con información publicada en Aristegui Noticias, agentes del Estado mexicano atacaron a Emilio Aristegui para obtener información sobre el joven estudiante, su círculo cercano y el de la directora editorial de Aristegui Noticias.
Los ataques al hijo de la periodista comenzaron cuando era menor de edad, en su celular personal y, en algunos casos, cuando se encontraba en Estados Unidos, y durante 23 meses Emilio Aristegui recibió ataques soportados en cuatro sitios de Internet fraudulentos, especialmente apartados para simular servicios legítimos, como las páginas “hxxp://ideas-telcel[.]com.mx”, “hxxp://smsmensaje[.]mx”, “hxxps://unonoticias[.]net”, “hxxp://fb-accounts[.]com”, para engañar a la víctima con las prestaciones que ofrece Telcel, UnoNoticias y Facebook.
Durante casi dos años, los espías del gobierno intentaron diferentes estrategias para acceder al celular del joven estudiante y recabar sus datos personales, escuchar y ver las comunicaciones, ubicación en tiempo real, redes sociales, fotos y videos.
En ocasiones simularon el formato de los SMS que envía Uno Noticias con informaciones falsas para que Emilio Aristegui los abriera,
Cabe destacar que Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola recibieron el mismo mensaje en el que supuestamente les reportaban problemas con su visa.
