El comité en defensa de la vida de Santo Domingo y municipios circunvecinos, que se opone al basurero tóxico en Palula, acusó a la empresa responsable del proyecto del tiradero industrial Centro de Ingeniería y Tecnología Sustentable, de incurrir en desacato judicial al no acudir a la diligencia ante el juzgado ni permitir el ingreso del personal judicial, actuarios y especialistas designados por el juez para el desahogo de pruebas en el sitio.
Aseguró en un comunicado que el 10 de julio de 2017 debió culminar el desahogo de las pruebas periciales en antropología social y en hidrología ambiental dentro del juicio que tramita ante el juzgado cuarto de distrito en San Luis Potosí.
Con ello, agregó, la empresa desobedeció un mandato judicial y puede hacerse acreedora a una multa por parte del juzgado.
“Consideramos que ese incumplimiento de la empresa constituye simplemente una práctica evasiva que busca dilatar la conclusión del juicio ambiental”.
Aclaró que en el juicio faltan por desahogarse las pruebas periciales y una vez que hayan concluido solo restará esperar la sentencia que confirme los criterios que concedieron las suspensiones provisional y luego la definitiva, con lo que finalmente se cancelaría el proyecto contaminante que no fue consultado con los habitantes de los territorios afectados.
Recordó que el conflicto inició en 2015 con la intención de la empresa CITSU de instalar un basurero industrial en los linderos entre San Luis Potosí y Zacatecas sin consultar a sus habitantes como dispone la legislación ambiental y en materia de derechos humanos y políticos. Además fueron identificadas numerosas irregularidades administrativas.
Los habitantes constituyeron un comité en defensa del territorio y buscaron asesoría técnica y legal en el programa de Agua y Sociedad de El Colegio de San Luis y en la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
En febrero de 2016 interpusieron demandas por distintas vías y hasta la fecha han conseguido detener el proyecto con suspensiones judiciales.
Esperamos pronto dar por concluido este proyecto que atenta de maneras muy diversas contra las distintas formas de producción y reproducción de la vida en nuestros territorios.
Desacato de la empresa
Por su parte, el equipo legal de los opositores al basurero tóxico en Palula, informó, en otro comunicado, que con motivo de continuar con las pruebas periciales propuestas por el Comité en Defensa de la Vida de Santo Domingo, el Juez Cuarto de Distrito ordenó la realización de una segunda diligencia en el rancho Palula.
Los peritajes propuestos son dos: uno antropológico-cultural, que tiene como finalidad mostrar la fragilización y estigmatización a la que serían sometidas las comunidades en caso de implementarse el proyecto CETEMIM-Palula, y uno hidrológico-ambiental, que pretende señalar las afectaciones potenciales al agua, el suelo, la flora y la fauna de la región.
La empresa CITSU-Palula fue notificada para que diera las facilidades para ingresar al predio, donde pretende desarrollar el confinamiento tóxico, sin embargo, no se presentaron los abogados ni los representantes de la compañía. Al llegar a la entrada del rancho Palula, la puerta se encontraba cerrada con candado y no se encontró a ningún encargado, por lo cual, el actuario levantó un acta, en la que hizo constar el desacato en el que incurrió CITSU-Palula, a pesar de estar apercibida de recibir una multa en caso de no coadyuvar con la justicia federal.
También se realizaron recorridos y el levantamiento de una encuesta para concluir el peritaje antropológico en las comunidades de La Merced, La Victoria y El Bozal, pertenecientes al municipio de Santo Domingo, que se encuentran en las inmediaciones del rancho Palula, que serían las principales afectadas en caso de implementarse el proyecto.
La diligencia concluyó y los peritos entregarán los dictámenes oficiales, con lo que se espera que el juez tenga más elementos para decretar el otorgamiento del amparo a las comunidades.
Al lugar acudieron el comité; su equipo legal; tres peritos de la Procuraduría General de la República: un topógrafo, una bióloga y una antropóloga; y dos actuarios del Poder Judicial Federal para desahogar la diligencia.
