Buenos Aires. El gobierno del presidente argentino, el derechista Mauricio Macri habilitó, mediante decreto, que los datos personales que registra la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), sean manejados por la Secretaría de Comunicación Pública, lo que fue calificado como “un escándalo” y una “ilegalidad” por toda la oposición.
Se denuncia que esta secretaría podrá utilizar la información para mejorar el impacto de su aparato de propaganda, empleando los datos personales que figuran en ese organismo.
El decreto fue publicado en el Boletín Oficial y provocó una fuerte reacción opositora, tanto del Frente para la Victoria, el Partido Justicialista y el Frente Renovador, porque abre la posibilidad de utilizar los datos para tareas de espionaje, invadiendo la privacidad y confidencialidad de más de 32 millones de argentinos registrados allí.
La Anses remitirá a la secretaría “periódicamente” información existente en sus bases de datos. El gobierno queda habilitado para utilizar esa información para su maquinaria propagandística. “La base de datos es una herramienta elemental para conocer a la población, saber qué quiere y con esa información organizar una campaña publicitaria que le vuelva a dar la victoria electoral”, advierten los analistas del portal Diarioregistrado.com.
La base de datos de la Anses tiene información fehaciente sobre unos 32 millones de personas e incluye detalles precisos sobre la composición del núcleo familiar, los ingresos y la vivienda de los beneficiarios de todos los planes sociales, las jubilaciones y las pensiones que paga el Estado.
“Es un escándalo. Es indignante. Es una vergüenza que se vulneren así los derechos constitucionales de cada ciudadano”, dijo Beatriz Busaniche, responsable de la Fundación Vía Libre. que trabaja por la transparencia y seguridad de los datos personales relacionados con nuevas tecnologías, en una entrevista con Infobae TV.
“Anses o Afip (Administración Federal de Ingresos Públicos) tienen datos de todos nosotros porque estamos obligados a entregarlos. No es una elección consignarlos. Nosotros no podemos salirnos de esa obligación. Pero esa base de datos está confeccionada para un fin determinado y específico y la ley prohíbe que puedan utilizarse para otras cuestiones”, advirtió la especialista, que no descartó la posibilidad de recurrir judicialmente en contra de esta decisión.
Además, sostuvo que se trata de un “desprecio importante hacia la privacidad de las personas. Es una forma de pensar que se basa en que, como ya todo se sabe, qué le hace una mancha más al tigre”.
Orwel 1984
Por su parte, el jefe del bloque del FpV, Héctor Recalde, sostuvo que la medida tomada por Macri, “es Orwell 1984” -en referencia a la novela de George Orwell sobre el control absoluto de una sociedad- y adelantó que se realizarán cadenas de pedidos de amparo ante la justicia.
Este martes además el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presidieron una reunión en la que también tomaron parte el nuevo secretario de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, y el presidente del muevo Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Miguel de Godoy, y altos funcionarios de las empresas privadas Telefónica y Telecóm que, acordaron trabajar en conjunto para identificar a los titulares de las líneas de telefonía celular, así como “agilizar el suministro de información sobre su uso# en caso de que sea requerido judicialmente.
Las empresas se comprometieron a colaborar “con las medidas necesarias para identificar a sus clientes, particularmente aquellos con línea prepaga así se podrá contar con información sobre su titular, así como de su uso”.
Fue como arrojar gasolina sobre una llamarada. Y ya se preparan denuncias desde diversos sectores que también consideran que es anticonstitucional.
Es mucho más grave si se tiene en cuenta los compromisos adquiridos por el Ministerio de Seguridad de Argentina y los Departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional de Estados Unidos, donde se acuerda la entrega de bases de datos para la supuesta lucha contra el crimen, el terrorismo y otras. Una serie de acuerdos se han firmado sin ningún conocimiento del Congreso, en el último semestre, que como han denunciado varios organismos, afectan gravemente la soberanía del país.
