Jaime Nava
Más de un centenar de artistas, intelectuales, académicos y activistas de la Ciudad de México, San Luis Potosí y Coahuila hicieron público el “manifiesto por la vida y en defensa de nuestros territorios”, con el cual hacen un llamado a resistir y solidarizarse con las luchas en contra de los confinamientos de residuos tóxicos y peligrosos en Santo Domingo, SLP, y General Cepeda, Coahuila.
En el documento, firmado también por un grupo de organizaciones religiosas y de la sociedad civil, califican como un “violento crimen empresarial” la intención de construir estos tiraderos de desechos tóxicos en comunidades que viven del autoconsumo y que han cuidado durante siglos la biodiversidad. Asimismo, responsabilizan al gobierno de no querer reglamentar y obligar a los industriales “a mejorar sus prácticas, a reducir la cantidad de basura tóxica que producen, reciclarla y confinarla en el sitio donde la generan”.
A las empresas responsables de los proyectos de confinamientos tóxicos, como la Sociedad Ecológica Mexicana del Norte en Coahuila y el Centro de Ingeniería y Tecnología Sustentable Palula, propiedad de José Cerrillo Chowell, en San Luis Potosí, las acusan de llevar a cabo una estrategia de “engaños, amenazas, desprecio, siembra de divisiones, confusión, falta de transparencia, corrupción y complicidad con funcionarios, autoridades, e instituciones del Estado”.
Por ello, personas como Sergio Aguayo, Elena Poniatowska, Héctor Díaz Polanco, Estela Leñero, Benito Taibo, Francisco Toledo y organizaciones como el Centro de Análisis e Investigación Fundar, la Diócesis de Saltillo, Pro San Luis Ecológico, Cencos, entre otras, reiteraron su “absoluto” compromiso con la defensa de la tierra y la lucha de las comunidades en riesgo.
Finalmente, los firmantes invitaron a la reflexión sobre la “amenaza” del modelo económico contra la tierra y los grupos vulnerables. Además solicitaron a los empresarios promotores de estos proyectos que “frenen sus afanes de negocio”, ya que aseguraron que la defensa de los territorios en San Luis Potosí y Coahuila “es la defensa del patrimonio ambiental de las futuras generaciones”.
