El aeropuerto de San Luis Potosí podría pagar hasta 439 millones 129 mil 760 pesos al año por reembolsos de boletos de avión a sus pasajeros debido a retrasos en vuelos, además de tener que pagar multas que van hasta 377 mil 450 pesos cada una, de aprobarse la reforma a la ley que se está discutiendo actualmente en el Congreso de la Unión, que busca proteger los derechos de los pasajeros y usuarios de aerolíneas.
Medios nacionales señalan que, de ser aprobada esta reforma de ley, las aerolíneas tendrían que generar un reembolso total del boleto por retrasos de más de una hora a sus usuarios, por lo cual el aeropuerto potosino, al registrar este pasado 2016 una afluencia de 504 mil 313 pasajeros, y registrar 29 por ciento de retrasos en sus vuelos, podría llegar a tener que reembolsar, de un promedio de boleto de avión de tres mil pesos, hasta 438 millones 750 mil 310 al año.
Según cifras de OMA, en 2016 la empresa ingresó cinco mil 532 millones de pesos a nivel nacional; tomando en cuenta que el aeropuerto potosino genera 2.6 por ciento de los pasajeros que tiene la compañía en todo el territorio mexicano, se calcularía que San Luis Potosí le portó el año pasado ingresos por 143 millones 832 mil pesos, es decir, se estaría reembolsando una cantidad de tres veces más que los ingresos que tiene OMA en esta terminal aérea.
Al respecto, Octavio Pedroza Gaitán, senador por San Luis Potosí, argumentó que esta reforma de ley busca proteger a los usuarios y a los consumidores ante los “excesos y abusos” por parte de las empresas aéreas que afectan directamente a los viajeros.
Recalcó, además, que hay factores que están completamente ajenos a la propia línea que generan estos retrasos, como fenómenos climatológicos o la saturación de aeropuertos, como en la Ciudad de México, porque “esto puede provocar demoras a la línea, sin embargo muchas veces sí es responsabilidad de las propias líneas aéreas las demoras y el usuario no tienen ningún mecanismo de protección para salvaguardar sus derechos”.
Para finalizar, puntualizó que la legislación mexicana tiene que privilegiar a la población, aun estando por encima de los intereses de las empresas, no obstante reconoció que, al ser esta reforma algo reciente, difícilmente podría ser tratada en este periodo ordinario, pues este acaba este 30 de abril.
Con información de Global Media
