Carolina Gómez Mena
Ciudad de México. En el Día Internacional por la Despenalización y Legalización del Aborto, diversas agrupaciones feministas y estudiantiles marcharon portando pañuelos verdes, símbolo de esta lucha. Partieron del Monumento a la Madre y avanzan por Reforma en demanda de que en todo México se despenalice el aborto.
Pasadas las 17 horas las manifestantes llegaron al Zócalo en donde realizaron un mitin en donde señalaron que “cuestionamos que el debate sobre el aborto lo hagan los hombres”. Subrayaron que “nos atraviesa a todas la violencia y nos hace ciudadanas de segunda categoría”.
Exigieron “no más mujeres en la cárcel por abortar” y “aborto legal, para no morir”. Conminaron a que la “marea verde no pare”.
En un pronunciamiento señalaron que “las muertes por abortos inseguros son prevenibles, constituyen un problema de salud pública. Las cifras demuestran que en México, 54 por ciento del total de embarazos no planeados terminan en abortos inducidos, 34 por ciento en nacimientos no planeados, y 12 por ciento en abortos espontáneos. Además que una de cada cuatro mujeres muere por no tener acceso a un aborto legal y seguro”.
Acotaron que a esto se suma la criminalización de las mujeres que han abortado. “Como lo han documentado, el Centro Las Libres y GIRE, en los últimos años, han sido criminalizadas en el país 4 mil 246 personas por el delito de aborto, en su mayoría mujeres, además de personal de salud.
“También, a la fecha, hay 136 mujeres presas por aborto o denunciadas por homicidio en razón de parentesco. Los estados con mayor índice de criminalización por aborto son: Ciudad de México, Baja California, Veracruz y Nuevo León”.
Alejandra Toriz, de la organización Pan y Rosas expuso en entrevista que “este tema no es moral, es de salud pública, y las que nos manifestamos hoy en solidaridad con Argentina, pero también por extender el derecho al aborto en todo el país”, y que no sólo esté despenalizado en la Ciudad de México.
Expuso que el próximo gobierno “no tiene una posición clara, porque considera que los derechos se tienen que poner a consulta, cosa que nosotros consideramos que está mal categóricamente”.
De acuerdo a un informe de GIRE, “el alto precio que pagan las mujeres por la criminalización del aborto es resultado de la falta de voluntad política del Estado mexicano para cumplir los compromisos que ha adquirido, así como de los estereotipos vinculados con la maternidad: las mujeres enfrentan una mayor afectación de considerar al aborto como un delito y no como un servicio de salud”.
Expone que cuando “las mujeres llegan a los servicios de salud con abortos en evolución son tratadas como sospechosas, se les cuestiona en contextos de emergencias médicas, son maltratadas, denunciadas por el personal de salud sin haberles brindado la atención médica pertinente y, de inmediato, el ministerio público responde acudiendo a interrogarlas mientras se encuentran en las camillas del hospital”.
