Dora Villanueva
Los ataques aéreos con drones cada vez se registran como menos aislados en México y la legislación en la materia, que tiene a su cargo la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), apenas logra cómo identificar el uso recreativo de las aeronaves no tripuladas.
De acuerdo con información de transparencia, el año pasado la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) registró 16 agresiones a su personal con drones y/o explosivos improvisados en Michoacán, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Chihuahua.
A detalle, la dependencia exhibió que Michoacán fue donde más recurrente fue el uso de este tipo de instrumentos contra su personal. Siete de los eventos registrados por el Ejército mexicano se dieron en esa entidad, sobre todo en la región de Tierra Caliente.
El primero de los ataques se registró el 16 de febrero en Apatzingán; le siguió uno en Buenavista el 26 de febrero. Otro más el 7 de marzo en Aquila y de nueva cuenta el 5 de junio se usaron este tipo de instrumentos para ir contra soldados en Buenavista.
El informe de la Defensa detalla que a lo largo del año se registraron tres agresiones más en Michoacán, con drones y/o explosivos improvisados. Uno en Zitácuaro el 17 de junio, otro en Apatzingán el 19 de julio y más en Cotija el 9 de octubre.
Si bien las aeronaves no tripuladas de cierta dimensión deben ser registradas ante la AFAC, dependiente de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la regulación aún es incipiente y tiene muchos puntos a afinar dado el uso que se le puede estar dando, comentó Fernando Gómez, especialista del sector.
En 2024 se publicó la reforma al Código Penal Federal y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para sancionar el uso indebido de drones. Las modificaciones ya vigentes contemplan prisión de 15 a 40 años, a quien utilice estas aeronaves pilotadas a distancia para cometer un ilícito, si el objetivo de ese delito es un integrante de las fuerzas armadas o de seguridad pública, las penas van al máximo.
El año pasado, ya con la reforma en pie, la Defensa registró que luego de Michoacán, con los 7 eventos, siguió Sinaloa, donde hubo cuatro agresiones contra su personal mediante el uso de drones que transportaban explosivos. Tres de los casos se registraron en Culiacán y uno más en Badiraguato.
En el territorio donde la lucha fratricida entre Los Chapitos y La Mayiza –ambos salidos del Cártel del Sinaloa– tiene un flanco abierto con el Ejército, se registró un ataque con drones el 3 de abril, otro más diez días más tarde, el 13 de abril y otro el 27 de septiembre. Los tres en la capital, Culiacán. Otro más, el 21 de octubre se dio en Badiraguato.
El Ejército reportó que sus elementos sufrieron agresiones con aeronaves no tripuladas también en un par de eventos en Sonora, uno en Oquitoa, el 26 de febrero, y otro más en Pitiquito el 13 de marzo. A la par del registrado el 25 de octubre en Miguel Alemán, Tamaulipas.
El uso de drones está regulado por la NOM-107-SCT3-2019, y si bien contempla registros y licencias, no va por un registro general de este tipo de instrumentos y su uso comercial está más enfocado a la captación de ingresos por aprovechamiento del espacio aéreo.
