Washington. Un grupo de naciones aliadas con Venezuela expresó hoy su repudio a las “sistemáticas agresiones” contra el presidente Nicolás Maduro por parte del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.
Por su parte, Venezuela acusó el jueves al secretario general de la OEA de incurrir en la ilegalidad por el informe que elabora sobre la situación actual en la nación sudamericana sin que ninguna instancia del organismo multilateral se lo haya encargado.
Almagro publicó la víspera en su cuenta de Twitter que presentará la próxima semana un informe sobre la situación humanitaria, de derechos humanos, institucional y de gestión pública en Venezuela.
“Ese informe no está autorizado por nadie. No es un informe formal. Los informes en la OEA, según sus reglamentos, son resultado de instrucciones giradas por el Consejo Permanente”, dijo Bernardo Alvarez, embajador venezolano ante el organismo, refiriéndose a la instancia en la que están representados los 34 estados miembros de la Organización de Estados Americanos.
“Invocar la Carta (Democrática Interamericana) no es una decisión que se le puede ocurrir a él. Tiene que tener un proceso ya que él no tiene autoridad para hacer eso, está haciendo un reporte que nadie le pidió”, agregó durante una conferencia que dictó en el Diálogo Interamericano.
El embajador rehusó adelantar si planea convocar un voto de Consejo Permanente sobre la legalidad del informe.
En un desplegado firmado por Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador, Granada, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nevis, Santa Lucía y Venezuela, el cual fue publicado este jueves en el periódico estadunidense The Washington Post, 11 naciones de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América y del Tratado de Comercio de los Pueblos (Alba-TCP) expresaron además su solidaridad con el régimen venezolano.
Indicaron que “las afrentas” del secretario general de la OEA contra Maduro le restan al ex canciller uruguayo toda autoridad para hablar de cualquier tema relacionado con Venezuela, ya que sus comentarios “ofenden a todos los Estados soberanos”.
“El señor Almagro tomó la agenda de la oposición política venezolana y permitió que la Secretaría General de la OEA sirva y defienda a los sectores más violentos y radicales”, afirmó el desplegado.
En sus desplegados, los 11 países aludieron a un evento celebrado en fecha reciente en Miami en el que Almagro participó, como una evidencia más de su parcialidad contra el gobierno de Maduro, al asegurar que en ese foro se produjo un llamado para invadir a Venezuela.
Tal exhorto “significa una amenaza al derecho al desarrollo y la paz del territorio venezolano”, apuntó la declaración.
“Los países del Alba-TCP expresan su solidaridad con nuestra compañera nación, la República Bolivariana de Venezuela, con su presidente y su gente y rechazan las agresiones mediáticas, económicas, diplomáticas y financieras que buscan derrocar al gobierno legítimo”, subrayó el texto.
El pasado 18 de mayo, en un comunicado difundido en Washington, Almagro rechazó la acusación de Maduro de ser agente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) y catalogó al mandatario como un “dictadorzuelo” que traiciona a los venezolanos.
“No soy agente de la CIA. Y tu mentira, aunque repetida mil veces, nunca será verdad. De todas formas conviene aclararlo, aunque esto sea denegar el absurdo. Mi conciencia está limpia, presidente, y mi conducta mucho más”, manifestó Almagro en su mensaje.
Criticó la negativa de las autoridades venezolanas a la solicitud de la oposición para celebrar este año un referendo revocatorio y advirtió que pueblo “negarle (al pueblo) la posibilidad de decidir, te transforma en un dictadorzuelo más”.
Respecto al informe en el que Almagro está trabajando, este comenzó a ser elaborado después de que congresistas opositores venezolanos le pidieran el mes pasado que convoque al Consejo Permanente del órgano hemisférico para analizar si la nación sudamericana ha sufrido una alteración del orden constitucional.
El artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana autoriza a cualquier estado miembro o al secretario general a convocar al Consejo Permanente en caso de que “en un estado miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático”.
El Consejo Permanente tendría la autoridad de convocar a un periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General, la cual podría suspender a ese país de la OEA con el voto afirmativo de los dos tercios de los 34 estados miembros.
Caracas alega que únicamente el gobierno del país en cuestión puede autorizar un debate, a menos que un golpe de estado cause la ausencia de un gobierno legítimamente electo.
Alvarez expresó su convicción de que “los estados no pueden estar en contra de lo que ellos mismos aprobaron: el principio de la no intervención”. Añadió que su gobierno se opone a la iniciativa porque “no puedes ir a un diálogo cuando estás contra la pared”.
Las tensiones políticas aumentan en la nación sudamericana mientras los venezolanos siguen agobiados por una galopante inflación, que se estima podría llegar este año a 72 por ciento, graves problemas de escasez de alimentos, medicinas y productos básicos y una recesión económica que tiende a complicarse por la caída del precio del petróleo, que representa 96 por ciento de los ingresos que recibe el país por exportaciones.
