Urge encontrar a las desaparecidas
Ratoneras a las puertas del Congreso
Más de un año tuvo que pasar para que los municipios de Ciudad Valles, Matehuala, Tamazunchale, Tamuín, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez recibieran la declaratoria de alerta de género por el aumento de la violencia en contra de las mujeres que habitan en esos territorios gobernados por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática.
El documento fue dado a conocer por la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y en él se especifica que el gobierno del estado deberá implementar una serie de medidas para garantizar a las mujeres y niñas de San Luis Potosí el derecho a vivir una vida libre de violencia.
Entre los trabajos de mayor trascendencia que tendrán que llevarse a cabo se encuentran: “la creación de una unidad especializada para el avance en la investigación de casos de feminicidio; medidas para garantizar el efectivo acceso a la justicia y la reparación integral del daño; la creación de un grupo especializado en análisis de contextos de violencia, y la armonización legislativa.”
Además, se pondrán en funcionamiento programas de prevención, vigilancia, seguridad pública y la creación de agrupaciones de reacción inmediata especializadas en temas de género. El problema es que en ningún momento se ha detallado cómo se podrán costear los gastos que conlleva la adopción de las medidas indicadas por la alerta.
Hace un par de meses, cuando declararon la alerta de género en municipios de Sinaloa, las autoridades de esa entidad aseguraron que la Conavim les dijo que no contaban con recursos extraordinarios para apoyar las acciones, situación en la que posiblemente también se encuentra San Luis Potosí.
En esas circunstancias, y considerando que la alerta tampoco es la panacea para erradicar la violencia contra las mujeres, el gobernador y su gabinete deberán tener la capacidad suficiente para coordinarse con la Federación y las administraciones municipales para aprovechar al máximo el capital humano, material y monetario de manera que no se vean afectadas las acciones a favor de la seguridad de las potosinas.
En cuanto se enteraron de la noticia, las integrantes de la Mesa Ciudadana de Seguimiento a la Solicitud de Alerta de Género en el estado, Alma Irene Nava Bello, Arely Torres Miranda, Elizabeth Rapp, Oresta López Pérez y Urenda Queletzú Navarro Sánchez publicaron un documento para informar que veían con buenos ojos el hecho de que el gobierno federal reconociera que existe una situación de emergencia en San Luis Potosí y, advirtieron que vigilarán la alerta sea “eficiente y real con la participación de la sociedad civil y la academia”.
Ahora, Juan Manuel Carreras López tiene la oportunidad de que convertir el estado que gobierna en ejemplo para otras entidades en donde la declaratoria no ha cambiado para nada los índices delictivos. Urge encontrar a las mujeres y evitar que sigan desapareciendo.
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“Señores diputados háganos un favor, si no pueden vivir honradamente con su oneroso salario, lárguense, la gente les votó para representarlos en la toma de decisiones, no para que ustedes se enriquezcan”, dice un fragmento de un documento entregado por la plataforma política Ganemos a los legisladores potosinos.
Ayer, decenas de potosinos acudieron al llamado de Ganemos para protestar en las instalaciones del Congreso y exigir a los diputados blanqueadores de cuentas públicas que pidan licencia a sus cargos. Con la intención de atrapar algún ejemplar de la especie politicus curruptus los ciudadanos colocaron ratoneras a las puertas del edificio en el que permanecieron ocultos los llamados representantes populares.
Desde afuera, los potosinos les ordenaron a los diputados que no aprueben nada relacionado con el contrato entre el ayuntamiento de la capital y Panavi, pues dijeron que los potosinos no tienen por qué cargar con una deuda que ocasionó el incumplimiento de la empresa. Los manifestantes le dieron la espalda a la sede del Congreso local y anunciaron que continuarán realizando actos hasta que cumplan sus demandas.
La organización ciudadana anticorrupción apenas comienza y del Congreso no paran de brotar escándalos. Nuevamente San Luis Potosí fue noticia nacional al revelarse la lista de recomendados que trabajan en la Auditoría Superior del Estado por órdenes de los diputados. La información ya había sido dada a conocer desde hace un año por la organización Ciudadanos Observando; sin embargo, por el contexto de putrefacción en el que se han visto involucrados el Poder Legislativo y la Auditoría Superior del Estado fue retomada por medios locales y nacionales.
Pagar el sueldo de los recomendados cuesta al estado más de un millón de pesos mensuales, pues sus sueldos van desde los ocho hasta los 30 mil pesos. Pareciera que la ASE es un pozo infinito de corrupción siempre dispuesto a cumplir los deseos de legisladores que arrojen unas monedas.
(Redacción: Jaime Nava)
