Jessica Xantomila
Por tercera ocasión en una semana, las oficinas del Centro de Derechos Humanos (CDH) Fray Matías de Córdova, que defiende las garantías fundamentales de las personas migrantes y solicitantes de refugio en Chiapas, fueron allanadas, denunció la Red Nacional Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes (Red TDT).
Las 88 organizaciones que la integran condenaron “enérgicamente” las agresiones perpetradas en contra del CDH y afirmaron que el allanamiento del pasado jueves, coloca al equipo “en un alto riesgo derivado de su labor en defensa de la comunidad migrante”.
En un pronunciamiento, manifestaron su indignación porque “el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas es insuficiente y la empresa R.C.U han sido omisas reiteradamente con el cumplimiento e implementación de sus obligaciones en materia de protección a personas defensoras”.
La Red TDT subrayó que pese a la insistencia de que se adopten las medidas de protección e investigación necesarias, “nuestras exigencias no han sido cumplidas a cabalidad”.
Denunció y responsabilizó al Estado mexicano, “desde lo local hasta lo federal por su ineficacia para atender de manera diligente las peticiones del CDH Fray Matías, quienes además son usuari@s de medidas colectivas de protección del Mecanismo Federal”.
Resaltó que México es uno de los países más peligrosos para la defensa de los derechos humanos. “Es inadmisible que aún con este panorama, la protección a la integridad no sea una prioridad gubernamental. Exigimos atención inmediata de las autoridades competentes toda vez que los tres niveles de gobierno han sido alertados sobre incidentes de seguridad previos además de cada uno de los allanamientos, mismos que pudieron ser evitados con acciones oportunas”.
Ante ello la Red TDT reiteró su exigencia al gobierno federal, en particular al Mecanismo de Protección, “la pronta respuesta e implementación de medidas de protección adecuadas, individuales y colectivas, que garanticen la seguridad del equipo del CDH Fray Matías y permitan continuar su labor de defensa”.
A la Fiscalía General del Estado de Chiapas y el fiscal Jorge Luis Llaven Abarca, responsables de la investigación, “resultados serios, claros y diligentes que permitan sancionar a los responsables materiales e intelectuales de este acto”; a la Secretaría de Seguridad del Pueblo, y su titular Oscar Aparicio, “acciones de protección con una perspectiva integral que priorice en todo momento la vida e integridad de las personas defensoras de personas en movilidad e integrantes del equipo”.
A las autoridades competentes, adoptar medidas de protección a las personas y comunidades que son acompañadas por el equipo del Centro, toda vez que fue sustraída información relevante para su labor.
