César Arellano García
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro rechazó las imputaciones que realizó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera, donde pidió a jesuitas investigar a los abogados de esta organización no gubernamental.
En un comunicado, señalo que en la conferencia matutina “nuevamente se generó desinformación y se tergiversó la realidad sobre el caso Ayotzinapa” y el papel del Centro Prodh. Por ello precisó que sobre la sentencia a la que aludió el Presidente, “el 4 de junio de 2018 el Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer que el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, al resolver los amparos en revisión 203/2017 al 206/2017, ordenó reponer la investigación del caso Ayotzinapa dadas las irregularidades detectadas, instando a la creación de una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad”.
Indicó que como resultado de la resolución del Primer Tribunal Colegiado diversas pruebas de cargo reunidas por la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO) quedaron invalidadas por ser ilícitas al estar relacionadas con detenciones arbitrarias y actos de tortura.
Adicionalmente, dijo, en cumplimiento de este fallo el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales en el Estado de Tamaulipas requirió a la entonces PGR que peritos independientes practicaran el “Protocolo de Estambul” a los detenidos, lo que la Procuraduría incumplió desde aquél 2018”.
Por ello, sostuvo que al dictar nuevo auto de formal prisión, varias personas recibieron libertad con reservas de ley. El primero de estos autos fue dictado el 31 de julio de 2018. Correspondía a la propia PGR, como órgano acusador, recurrir estas determinaciones y presentar nuevas acusaciones cuando fuera posible.
Afirmó que ni el Centro Prodh ni ninguna otra de las organizaciones que representan a los padres y a las madres -el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Fundar y Serapaz- promovieron ninguna “solicitud” para que fueran dejados libres, ni “representamos” legalmente a los acusados, “ni estuvimos detrás de la sentencia, como se ha dicho en las conferencias presidenciales”.
“Sugerir que incurrimos en prevaricato o conflicto de interés es falso. Por el contrario, siempre hemos defendido el derecho de los padres y de las madres a la justicia y a la verdad. Denunciar las falsedades de la llamada “verdad histórica” y también la existencia de tortura en el caso, es evidentemente parte de esa labor; máxime considerando que hemos pugnado siempre porque ninguna persona torturada sea juzgada en México con base en pruebas ilícitas: a eso obligan los derechos humanos.
Apuntó que Mario Ernesto Patrón Sánchez dirigió el Centro Prodh durante 2014 y 2019, “conduciéndose siempre con la más absoluta honestidad y en apego de los estándares internacionales de derechos humanos, con la solidez ética que siempre le ha caracterizado y que le caracteriza hasta hoy”.
Para ello, sostuvo, contó con el pleno apoyo de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, del mismo modo que en el presente Santiago Aguirre Espinosa, quien dirige el Centro Prodh desde 2019, cuenta con dicho respaldo.
El Centro Prodh aseveró que seguirá su labor de defensa de los derechos humanos, como lo ha hecho desde hace 35 años. “No guardaremos silencio frente a quienes en el presente siguen obstaculizando y entorpeciendo el proceso de esclarecimiento del caso Ayotzinapa. Centralmente: el Ejército, que sigue sin entregar los folios consecutivos del Centro Regional de Fusión de Inteligencia que el GIEI estimó relevantes; la Fiscalía, que ha sido incapaz de agotar todas las líneas de investigación; y la criminalidad organizada, que administra la información que aún tiene sobre el caso. Si estos obstáculos continúan y el sexenio concluye sin justicia y sin verdad, no dejaremos de señalarlo, como lo hicimos en el pasado, aunque ello implique que se profundice la estigmatización en nuestra contra”.
