Ciudad de México. Al llegar el próximo 18 de este mes el vencimiento del plazo para la total aplicación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio (NSJPA), se habrán gastado 21 mil millones de pesos desde la aprobación de la reforma constitucional para este modelo.
Sólo en los últimos cuatro años (2013-2016) la erogación presupuestal asciende a 18 mil 700 millones de pesos, entre donde se incluye el impulso a la reforma, la infraestructura, capacitación, equipamiento, tecnologías de la información, evaluación y difusión.
Este mediodía, el presidente Enrique Peña Nieto participará en el VIII Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia Penal donde, a once días del vencimiento del plazo para la entrada del NSJPA se revisarán sus avances y pendientes.
De acuerdo con información de la Presidencia, la totalidad de las entidades cumplirá el próximo 18 con la puesta en operación del NSJPA.
Hasta el mes pasado, 67 sistemas procesales se habían homologado con la reforma penal del país y 22 estados aplican ya la nueva justicia penal totalmente y 10 lo hacen de manera parcial.
La segunda etapa del NSJPA prevé intensificar entre la población las características del nuevo sistema, ”y colaborar con el cambio cultural necesario”; continuar con la capacitación de los operadores del sistema; mejorar la infraestructura y equipamiento de las instituciones; concluir los asuntos del sistema tradicional: dar seguimiento a los resultados de la operación (evaluación, indicadores y posible observatorio) e impulsar un modelo de operaciones para las comisiones de atención a víctimas en las entidades.
Además, se alentará el diseño de planes de aplicación y operación del sistema de justicia para adolescentes; poner en práctica la Ley Nacional de Ejecución Penal a fin de lograr la reinserción social; fortalecer el funcionamiento de las áreas de seguimiento de Medidas Cautelares y, el mismo 18 de este mes se disolverá el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema y su Secretaría Técnica.
En el Foro sobre Seguridad y Justicia participan las organizaciones civiles, integrantes del sector académico y representantes de los tres poderes de la Unión.
