Por Afp y Dpa
Los Ángeles. Apple y el gobierno estadunidense proseguirán el martes ante un tribunal en California su forcejeo por el desbloqueo de un iPhone, en una nueva batalla que podría tener importantes consecuencias en materia de ciberseguridad y protección de datos personales.
Luego de semanas de órdenes judiciales y mediáticas polémicas, un juez federal decidirá si es válida la solicitud de las autoridades que piden a Apple que desbloquee el teléfono de uno de los autores del atentado de San Bernardino (California, oeste), en el que murieron 14 personas a principios de diciembre.
“Es una lucha sobre el futuro de la vigilancia de la alta tecnología y de la confianza en la infraestructura en la que se apoya el ecosistema del software”, escribió Julián Sánchez, experto en leyes de vigilancia del liberal Cato Institute en Washington.
Según el analista, se trata de saber “hasta qué punto las empresas tecnológicas y los desarrolladores de software pueden ser forzados a piratear sus propias herramientas a pedido de los gobiernos”.
La audiencia el martes en Riverside, al este de Los Ángeles, es “la cara pública de un conflicto que sin duda continuará en secreto y que probablemente ya tenía tiempo ocurriendo”, añadió.
El grupo de Cupertino, apoyado por una coalición de empresas tecnológicas como Google, Facebook y Yahoo!, estima que el FBI utiliza la investigación sobre la masacre del 2 de diciembre para forzar a Apple a crear una “puerta trasera” (un acceso secreto a los equipos encriptados) que se pueda utilizar en todos los iPhones.
Apple también argumenta que el gobierno se excede en sus derechos cuando invoca la llamada All Writs Act, una ley de 1789 que da a los tribunales la facultad de emitir mandatos judiciales, para forzarla a desbloquear el teléfono.
Cuando tome su decisión sobre este caso, el tribunal debe tomar en cuenta el “contexto amplio” del debate sobre los datos personales, asegura la empresa.
Apple “no se echará para atrás”
El director ejecutivo de Apple, Tim Cook, sostuvo hoy que la compañía “no se echará atrás” en sus responsabilidades de ayudar a proteger la privacidad de datos.
Al hacer la presentación de productos de Apple en la central de la compañía en Cupertino, California, Cook se refirió a la batalla que lleva adelante con autoridades federales por la encriptación del móvil que pertenecía al atacante de San Bernardino.
“Debemos decidir, como nación, cuánto poder debería tener un Gobierno sobre nuestros datos y nuestra privacidad”, sostuvo.
“No esperaba estar en esta posición, en una situación tan inusual con nuestro propio Gobierno, pero creemos firmemente que nos cabe una responsabilidad para ayudar a proteger nuestros datos y nuestra privacidad”, aseguró el directivo.
La llave maestra
El gobierno responde que Apple no está por encima de la ley y que la orden judicial sólo pretende que la empresa asista técnicamente en la investigación desbloqueando el iPhone 5C de Sayed Farook.
“Es una orden limitada, con un objetivo específico (…). El gobierno y la población tienen que saber lo que contiene el teléfono del terrorista, y el gobierno necesita la ayuda de Apple para descubrirlo”, escribieron los abogados del Departamento de Justicia al tribunal.
Pero empresas tecnológicas, expertos en seguridad y activistas de los derechos civiles temen que esto cree un precedente que forzaría a las empresas a proveer los datos de sus clientes siempre que las autoridades lo pidan.
“No es para nada un caso que concierne a este teléfono en particular”, objeta Julián Sánchez en entrevista con la AFP.
“La preocupación es qué ocurrirá después, cuando se establezca como un principio jurídico que el gobierno no sólo les puede pedir a las empresas que le transmitan información, cosa que hacen hace tiempo, sino que además les puede exigir que fabriquen sofwares para poder hackear sus propias medidas de seguridad”.
Sánchez añadió que esto básicamente consistiría en darle al gobierno una “llave maestra” a todos los aparatos electrónicos.
