Armando G. Tejeda, corresponsal
Madrid. El Tribunal Constitucional (TC) español aprobó por una mayoría de seis a cinco la admisión a trámite del recurso de apelación presentado por el derechista Partido Popular (PP) para que se paralice la tramitación parlamentaria con la que el Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez pretendía forzar la renovación del Consejo General del Poder Judicial y del propio TC, cuyos órganos directivos no se han actualizado desde hace cuatro años.
La decisión de los magistrados abre una grave crisis institucional en el país, en la que los partidos de la izquierda están haciendo un llamado a la desobediencia de la decisión.
En una decisión arriesgada y utilizando una vía legislativa poco habitual, el gobierno español decidió presentar cuatro enmiendas por la vía de urgencia para reformar el Código Penal, entre ellas había dos que afectaban directamente al poder judicial. Al elegirse la vía de urgencia, el trámite parlamentario no admite ni debate ni posibilidad de presentar enmiendas.
Y fue precisamente en eso en lo que se basó el recurso de apelación presentado por el PP para que el TC admitiera su recurso y decretara como medida “cautelarísima” la suspensión de la tramitación parlamentaria hasta que no se resolviera el recurso en el que el PP y otros grupos parlamentarios de la derecha -Vox y Ciudadanos- aseguraban que se habían vulnerado sus derechos.
El TC está integrado de once magistrados, de los cuales dos de ellos, el presidente del tribunal, Pedro González-Trevijano y de Antonio Narváez, se iban a renovar de forma inminente si finalmente se hubiera aprobada la vía de reforma elegida por el gobierno. Pero se da la paradoja de que fue el propio TC que se iba a renovar, entre ellos los dos magistrados que finalizarían su mandato, quienes votaron sobre la admisión a trámite y la suspensión del trámite parlamentario.
El debate duró más diez horas y finalmente dieron a conocer su fallo al borde las once de la noche, con toda la clase política en vilo ante una decisión que agudizará el enfrentamiento entre los bloques. Desde el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se tildó la decisión de “abuso lacerante de las instituciones democráticas”, mientras que sus socios de Unidas Podemos (UP) se habla abiertamente de “desobediencia” ante una decisión que consideran injusta.
