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La Corte Internacional de Justicia (CIJ), en La Haya, inició este lunes un período de tres semanas de audiencias para determinar si Myanmar cometió un genocidio contra la minoría musulmana rohinyá.
El caso fue presentado por Gambia, que acusó a Myanmar de violar la Convención sobre el Genocidio, de 1948, durante una operación represiva en 2017. Los expertos legales acompañan de cerca el caso, ya que podría dar pistas sobre cómo la CIJ, principal órgano judicial de la ONU, manejará acusaciones similares contra Israel por su campaña militar en Gaza.
En 2017, cientos de miles de musulmanes rohinyás huyeron de la violencia del ejército de Myanmar y de milicias budistas, y escaparon al vecino Bangladés en medio de episodios de violaciones en masa, incendios provocados y asesinatos.
“No se trata de cuestiones esotéricas del derecho internacional. Se trata de personas reales, historias reales y un grupo real de seres humanos. Los rohinyás de Myanmar han sido objeto de destrucción”, declaró el ministro de Justicia de Gambia, Dawda Jallow, ante los jueces de la CIJ.
Actualmente, 1.1 millones de rohinyás viven hacinados en campamentos que se abarcan unos 32 kilómetros cuadrados en Cox’s Bazar, en Bangladés.
“Quiero ver si el sufrimiento que soportamos se refleja durante la audiencia”, contó a la AFP en uno de esos campamentos Janifa Begum, una mujer de 37 años y madre de dos hijos. “Queremos justicia y paz”, insistió.
