¿Revelación interesada?
Filtración de expedientes
Propuestas de periodistas
Llegan policías militares
Dice la encargada de despacho de la Auditoría Superior del Estado que desde la renuncia de José de Jesús Martínez Loredo detectó, gracias al proceso de entrega-recepción, que al interior de ese organismo existía una “nómina complementaria”; lo que no alcanza a explicar es por qué hasta ahora lo da a conocer; aunque no debe ser obra de la casualidad que sus revelaciones coincidan con sus ganas de ser nombrada auditora.
La “nómina complementaria” se añade a la lista de agravios que desde la ASE se han cometido en contra de los potosinos. Durante años se ha hecho creer que el organismo fiscalizador está ahí de manera autónoma trabajando para garantizar el buen manejo de los recursos públicos y fortaleciendo el avance democrático del estado.
La Contraloría Interna de la auditoría inició una investigación y falta ver si Martínez Loredo presentará algunas pruebas o argumentos para defenderse. Desde que “voluntariamente” se separó del cargo no se le ha visto y ni siquiera atiende los citatorios de la Procuraduría General de Justicia del Estado para que presente su declaración por las investigaciones de la red de corrupción de la que se presume él formó parte junto con los diputados.
Por lo pronto, en el tablero de la sucesión en la auditoría todavía hay jugadores y muchas casillas por recorrer. La siguiente semana comenzarán las entrevistas de los 25 candidatos que pasaron el primer filtro. Los diputados miembros de la Comisión de Vigilancia no tienen claro cuáles serán los criterios para desechar perfiles en la primera ronda de entrevistas, pero, como son expertos simuladores, encontrarán la forma de justificar lo que por el camino se les ocurra.
Con mensajes anónimos algún personaje o grupo político intenta impedir que Jesús Motilla Martínez –único aspirante respaldado públicamente por la iniciativa privada– avance en el proceso de selección. En redes sociales se han divulgado comunicados sin firma en los que se asegura que no cuenta con cédula profesional y que el número de cédula que proporcionó no coincide con los registros de la Secretaría de Educación Pública.
De la afirmación se deduce que alguno de los miembros de la Comisión de Vigilancia filtró el contenido de los expedientes de los candidatos. ¿Quién?, ¿a quién? y ¿para qué? Sólo esta última parece estar clara: si a la ASE llega un auditor que no esté alineado con los intereses de quienes construyeron la red de corrupción se les dificultará sostener la cada vez más pesada red de impunidad.
Por eso es que tal vez el priísta Óscar Bautista Villegas y el perredista J. Guadalupe Torres Sánchez amagan con volver a sus curules. En el Partido Revolucionario Institucional ya hicieron el cálculo y se dieron cuenta de que el retorno de Bautista les costaría un buen pedazo del pastel en 2018, por eso enviaron un comunicado para hacerle entender a su diputado que no debe regresar en tanto la PGJE no termine las investigaciones.
Investigaciones que no tienen para cuándo acabar. El visitador general de la PGJE, Oliver Meade Hervert, dice que 45 alcaldes ya declararon y 10 ex funcionarios de la ASE, aunque, para continuar agilizando la integración de las carpetas está a la espera de que los miembros del Frente Ciudadano Anticorrupción le entreguen las pruebas que hace unos días aseguraron tener.
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Reporteros de distintos medios de comunicación sostuvieron una reunión de trabajo con Juan Manuel Carreras. Los comunicadores entregaron una serie de peticiones que abarcaban desde el manejo de la información en relación al caso del fotógrafo Édgar Daniel Esqueda Castro, la creación de una mesa especial para atender y dar seguimiento a éste y otros casos; así como la creación de un fideicomiso para financiar la educación de la hija de Édgar Daniel hasta que concluya su licenciatura.
También se propuso modificar el mecanismo de integración del Comité Estatal de Protección a periodistas para que se le dé prioridad a quienes ejercen la profesión por encima de los empresarios dueños de medios de comunicación. Igualmente se planteó la creación de un manual para periodistas donde se encuentren sus derechos y los mecanismos de protección que pueden activar en caso de sufrir una agresión.
Carreras López se comprometió a revisar las propuestas y agendaron una nueva reunión para trabajar en la implementación de medidas de seguridad.
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Ayer llegaron a San Luis elementos de la Policía Militar. Y su presencia significa que están planeando implementar operativos en la zona metropolitana con elementos del Ejército. ¿Apagarán o avivarán la violencia?
(Redacción: Jaime Nava)
