Leopoldo Ramos
Saltillo, Coah. Durante los seis años del gobierno de Rubén Moreira, el cual finaliza el 30 de noviembre, se dieron avances en materia legislativa a favor de los derechos de las víctimas de violencia y personas desaparecidas, pero “el gran reto y tarea pendiente es dar con el paradero de las más de mil 800 personas desaparecidas en Coahuila, identificar los más de 500 cuerpos sin nombre en fosas comunes y los más de 20 mil fragmentos de restos humanos localizados en fosas clandestinas”, aseguró la asociación civil Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México (Fuundec-M), en un pronunciamiento al término del sexenio.
El organismo recordó que “a partir de 2012, en acuerdo con el gobernador Rubén Moreira, logramos instalar un modelo de diálogo e interlocución siguiendo una agenda integral con enfoque de derechos humanos y con el valioso aporte del Grupo Autónomo de Trabajo (GAT), lo cual facilitó la construcción de acuerdos para incidir en la política pública estatal en materia de desapariciones”.
Entre los logros enlistó la tipificación de la desaparición como un delito autónomo, precedente nacional; reconocimiento de la personalidad e identidad jurídica de los desaparecidos con la Ley de Declaración de Ausencia por Desaparición, pionera en México; reforma constitucional para prohibir la desaparición en Coahuila; implementación del Programa Estatal de Atención a Familias de desaparecidos, teniendo como base los derechos a la alimentación, educación, salud, trabajo, vivienda y justicia, el cual ya cuenta con una primera asignación de presupuesto. También se promulgó la Ley de localización, recuperación e identificación de personas, el Plan estatal de exhumaciones e identificación forense, referente en el país.
Sin embargo, señala Fuundec-M, todavía falta localizar a mil 800 desaparecidos y lograr saber quiénes son los 500 cadáveres depositados sin nombre en la fosa común, y además terminar de armar el rompecabezas con los más de 20 mil fragmentos de restos encontrados en fosas clandestinas en distintas regiones del estado, pues “sólo así podremos vencer la impunidad, acercar la justicia, revertir este flagelo para así garantizar la no repetición”.
El organismo exhortó al gobernador electo de Coahuila, el priísta Miguel Riquelme, y al fiscal general, Gerardo Márquez, a “dar seguimiento al proceso de diálogo y acuerdos” con el gobierno de Rubén Moreira, “priorizando la búsqueda con vida de los desaparecidos y realizar acciones innovadoras y contundentes para encontrar a todas las personas desaparecidas en Coahuila, garantizando la verdad, justicia y medidas de no repetición”.
También le pidieron mantener el Grupo Autónomo de Trabajo como principal mediador entre familias y gobierno, hacer las “investigaciones correspondientes contra quienes cometieron estos atroces crímenes de lesa humanidad, ya sea por la acción, omisión o aquiescencia”, implementar convenios con organizaciones nacionales e internacionales para garantizar la rápida y fiel identificación de los restos pendientes de procesar, garantizar el derecho a una inhumación digna para dar paz a las familias; mantener la participación de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU y del Comité Internacional de Cruz Roja y armonizar la Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición por particulares y poner en marcha la Comisión Estatal de Búsqueda, entre otras demandas.
