Federico Anaya Gallardo
Treinta años después del congreso de la UNAM de 1990, la misma burocracia dorada que se opuso a que la comunidad universitaria discutiese cambios a las formas de gobierno de la institución, se desgarra hoy las vestiduras porque el diputado federal morenista Miguel Ángel Jáuregui presentó una iniciativa en la materia. Y sostiene –como si nadie recordara su posición en 1990– que cualquier reforma debe nacer de la comunidad. Es obvia la hipocresía, pero importa entender por qué el cambio de chaqueta. ¿Qué ha cambiado en el país para que las y los conservadores de la UNAM hayan dado un giro de 180 grados?
Aparte de la Iniciativa Jáuregui en San Lázaro, tenemos el caso de la legislatura nayarita que aprobó una reforma a la ley orgánica de la universidad autónoma estatal el 4 de enero de 2020. La reforma fue propuesta por el gobernador, Antonio Echeverría García, “con el propósito de hacer frente a la crisis financiera que enfrenta la institución”. Entre otros cambios esta reforma creó un “patronato administrador” que quita al consejo universitario la facultad de administrar el patrimonio de la máxima casa de estudios estadual. (https://www.jornada.com.mx/2020/01/06/estados/023n1est)
Los problemas de la UANay datan de hace años. En junio de 2016 terminó el periodo del rector Juan López Salazar. Cinco meses más tarde, la fiscalía general del Estado le acusaba de peculado y ejercicio indebido de funciones. El órgano de fiscalización superior, dependiente de la legislatura, encontró un faltante de al menos 323 millones de pesos. (http://www.jornada.unam.mx/2016/11/26/estados/029n3est) Cuatro años más tarde, López Salazar sigue prófugo. El fiscal general que lo acusó (Edgar Veytia) fue detenido, juzgado y condenado en EU por narcotráfico, pero la fiscalía sostuvo la acusación contra el ex-rector. Los desfalcos que se le atribuyen a este último son la raíz de una crisis financiera por la que cada año la universidad suspende pagos a sus trabajadores (https://www.elsoldenayarit.mx/politica/69597-continua-la-busqueda-del-ex-rector-juan-lopez-salazar-petronilo-diaz)
En este caso vemos cómo una de las nuevas instituciones autónomas de la democracia mexicana, el órgano de fiscalización superior (ORFIS) realiza una investigación y descubre irregularidades en la universidad autónoma. A partir de ello, otro órgano autónomo, la fiscalía general del Estado, persigue penalmente a los responsables. Estos mecanismos son una victoria de la sociedad civil, sin duda. Las tropelías de los rectores en las universidades estaduales eran legendarias. Por ejemplo, en la UASLP aún se recuerda la década oscura (1986-1996) del rector Alfonso Lastras Ramírez –antiguo secretario de gobierno y procurador del Estado bajo el gobernador diazordacista, Antonio Rocha Cordero. Un rector que “cerró las preparatorias con el pretexto de la paz, pero… una paz con garrote y mordaza”, involucrado en contrabando y quien montó una conspiración contra un gobernador reformista que terminó con 15 autobuses quemados. A ese rector le decían “don Sata” por Satanás, pero su apellido quedó inmortalizado en el actual estadio de futbol de la capital potosina –erigido en terrenos que Lastras sustrajo del patrimonio universitario.
Para que no se repitan esos desafueros es que las universidades públicas autónomas son hoy día vigiladas por las nuevas instituciones de la barroca transición a la democracia mexicana. Pero todos estamos de acuerdo en que, en el caso de Nayarit 2016-2020, la razonable vigilancia no puede llegar a mutilar la autonomía universitaria. La propuesta del gobernador y la legislatura nayaritas, al quitarle a la comunidad universitaria la administración de su patrimonio, evidentemente viola la autonomía universitaria consagrada en el artículo 3º constitucional. Últimamente, se ha presentado otra iniciativa que dice querer enmendar este desafuero.
El asunto se ha abordado también en otras entidades federativas. Al discutirse en 2016 la primera Constitución de la Ciudad de México, por ejemplo, la comunidad universitaria de la UACM exigió que la universidad autónoma no se incluyese en mismo capítulo que el resto de los organismos constitucionales autónomos (OCAs) porque la carta magna chilanga estableció que los titulares de los OCAs son nombrados por la legislatura del mismo modo que las personas encargadas de los órganos internos de control. Si la rectoría y la contraloría universitaria dependiesen del poder legislativo, el principio de auto-gobierno universitario sería inexistente.
Ya existe un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el tema. Veamos cómo surgió. El 9 de octubre de 2017, el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo publicó un paquete de reformas a las leyes orgánicas de varios OCAs para que los titulares de sus órganos de control interno fuesen designados por la legislatura. La reforma afectaba al instituto y tribunal electorales, al ombudsman, al instituto de transparencia y a la universidad. La exposición de motivos justificaba el control parlamentario porque los OCAs administran recursos públicos. El presupuesto conjunto de todos estos OCAs era de 731 millones de pesos en 2017. 570 millones correspondían a la UAEHgo, el 78% del monto. Luego de ver los desafueros del rector nayarita en 2015-2016, los legisladores hidalguenses parecían tener algo de razón.
La UAEHgo interpuso demanda de amparo. El primer juzgado de distrito en Hidalgo concedió el amparo en enero de 2018. Legislatura y gobernador apelaron y el asunto llegó a la suprema corte –adonde el ministro Alberto Pérez Dayán recomendó ratificar la decisión original (amparar a la UAEHgo). En octubre de 2018 el máximo tribunal de la República decidió que cuando una legislatura nombra a los órganos internos de control de una universidad pública autónoma se viola el principio de auto-gobierno garantizado por la carta magna federal.
Detrás del criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación está la realidad de que las universidades públicas autónomas son un OCA muy especial. Contrario al resto de estos organismos, las universidades están constituidas por comunidades de académicos, estudiantes y trabajadores que trabajan para lograr los objetivos de la institución. Ni los institutos electorales ni los de transparencia, ni las agencias ombudsman cuentan con una comunidad interna, propia. La comunidad de estas instituciones es externa, se trata del Pueblo, y por ello es legítima la intervención de las legislaturas. En las instituciones de educación superior (IES) la autonomía es un derecho colectivo de las comunidades universitarias y las legislaturas no deben intervenir. Pero ello no debería significar que las burocracias universitarias queden en la impunidad.
La autonomía universitaria se incorporó al artículo 3º constitucional en 1980 luego de un largo proceso de experimentación social, política y educativa. Sergio García Ramírez recuperó los detalles del debate en su libro de 2005, La Autonomía Universitaria en la Constitución y en la Ley. En esa discusión parlamentaria es notorio el impacto de lo político. Los lombardistas del Partido Popular Socialista (PPS) se oponían a una autonomía universitaria fuerte porque, en su opinión, el Estado debía comandar centralmente contenidos y administración de la educación superior. En cambio, los panistas defendían una autonomía robusta para restaurar el ideal medieval europeo de un ayuntamiento académico de profesores y alumnos.
Esa reforma constitucional no tuvo mayor impacto en su tiempo. Como dije en mi comentario previo, en los 1980 el viejo régimen seguía siendo poderoso. Las universidades públicas autónomas eran parte del mismo y sus altos funcionarios saltaban alegremente de las rectorías a los ministerios del gobierno y de regreso –como “Sata” Lastras en San Luis Potosí. En estas condiciones, a nadie le afectaba que las legislaturas siguieran teniendo la posibilidad formal de cambiar la forma interna de gobierno de las universidades. Tres décadas más tarde, la nueva pluralidad política hace evidente la vulnerabilidad de las comunidades universitarias (y particularmente de sus élites) a los cambios partidistas en las legislaturas.
Afirmo que el actual entusiasmo de las élites universitarias por defender la autonomía les viene del terror que les causa que, en democracia funcionan mejor los sistemas de fiscalización (como los ORFIS) o de vigilancia de derechos humanos (otra historia que habría que contar es la notoria dificultad que tienen las burocracias universitarias para aceptar defensorías de derechos universitarios efectivas). Esas élites no quieren acusaciones como la nayarita, ni investigaciones financieras como la que practica la Unidad de Inteligencia Financiera federal en la UAHgo. Para no subrayar estos enojosos casos, esas burocracias han sacado de su chistera el pretexto de las comunidades universitarias.
Pero, lo que para ellos es pretexto, para los movimientos estudiantiles ha sido, por décadas, una demanda. Habría que aprovechar esta extrañísima coyuntura.
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