Angélica Campillo
De acuerdo a información del área de transparencia del ayuntamiento capitalino, la administración municipal encabezada por Ricardo Gallardo Juárez adquirió el 27 de octubre de 2015 un automóvil Malibú, color blanco, que tuvo un costo de 308 mil 300 pesos, tal como lo señala la factura ASD48045. Esta unidad fue asignada al secretario general, Marco Antonio Aranda Martínez, según reportó la organización civil Ciudadanos Observando.
Cabe resaltar que en el portal web del ayuntamiento capitalino, en el apartado de observaciones del listado del parque vehicular, se especifica que el mencionado automóvil está bajo resguardo del secretario general Marco Antonio Aranda Martínez, y se dio de alta sin pedido u orden de compra, según indicaciones de Óscar Alejandro Pérez López, director de Finanzas, y de José Ricardo Soto Gutiérrez, director de Compras. Sin embargo, se indicó que se diera de alta en la Dirección de Seguridad Pública “por cuestiones de presupuesto”. Menciona también que tiene reflejantes, gato, cruceta y refacción, además de contar con una carga (batería) de emergencia; es modelo 2015, de la marca Chevrolet.
Entrevistado en ese sentido, Guadalupe González Covarrubias, integrante de Ciudadanos Observando, apuntó que esas acciones dejan en evidencia el doble discurso del ayuntamiento capitalino, porque al inicio de la administración aseguraban que no tenían “ni un peso” para pagarle a proveedores o se quejaban que no contaban con recursos para pagar la gasolina del parque vehicular, ni para los sueldos, “pero sí para comprar coches de lujo”.
El activista insistió en que eso habla de una doble moral y de un terrible abuso, pues consideró que ese es uno de los acuerdos a los que llegó Gallardo Juárez con Maco Antonio Aranda para que ocupara ese puesto: “para llegar a la opulencia al que estaba acostumbrado desde que trabajaba en el Supremo Tribunal de Justicia y en la administración del ex gobernador Fernando Toranzo Fernández”, acusó.
Apuntó que también deja claro que se hacen compras a escondidas que no son licitadas, que se viola la ley una y otra vez, y también revela cómo el ayuntamiento de la capital “maquilla datos” para de esa manera poder reservar información ligando esas “ostentosas compras” a la flotilla de Seguridad Pública Municipal.
