Luego del homicidio de la activista Miriam Rodríguez Martínez, quien logró poner tras las rejas a los asesinos de su hija, a manos de un comando armado en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado, Manuel Barrera Guillén, consideró que debería instaurarse una alerta precautoria para evitar que hechos como este se presenten en San Luis Potosí.
El legislador destacó que en la entidad sí se han presentado casos de desapariciones forzadas y secuestros, por lo que el gobierno del estado debe garantizar la seguridad de los familiares de las víctimas.
Asimismo, criticó que el Instituto de Atención a víctimas pareciera ausente, ya que hasta él han acudido familiares de personas desaparecidas, quienes han denunciado falta de apoyo por parte de las instancias estatales.
Recordó que el el presupuesto para el Instituto de Atención a Víctimas aumentó de nueve millones de pesos a 33 millones de pesos anuales, por lo que calificó como “imposible” que seis personas tengan que instalarse en un mismo cuarto de hotel cuando son citadas en la capital del estado.
Finalmente, instó al Ejecutivo estatal a estar atento a este tema y no esperar a que sucedan hechos lamentables como el del homicidio de la activista en pro de la búsqueda de personas desaparecidas, y advirtió que la comisión que preside no quitará el dedo del renglón y seguirá señalando las faltas de las instituciones en la materia.
