Jorge Torres
Falta de capacitación y voluntad política es lo que muchas veces impide que exista una verdadera justicia en los países de América Latina, lo cual además también afecta los derechos humanos, tema en donde los estados han sido muchas veces omisos de las legislaciones internacionales de la materia, fueron parte de las conclusiones que arrojó el conversatorio Retos del acceso a la justicia y control de convencionalidad impartido por Jorge Padilla Cordero, del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, ayer por la tarde en el Congreso del Estado.
Destacó que en materia de acceso a la justicia las barreras estructurales están presentes en todos los países, existe un desconocimiento de cómo aplicar el derecho de parte de los operadores de justicia, pero también hay una falta de capacitación en los fueros judiciales en donde si efectivamente un juez o fiscal está bien capacitado va a atender mejor que lo que se le está reclamando.
Indicó que se tiene también que esa falta de capacitación origina que un juez no sepa cómo razonar para emitir sentencia que realmente venga a resolver paradigmáticamente un asunto, por lo cual la falta de capacitación y la falta de voluntad política a veces dan pie a que no se resuelvan ciertas cosas, se genera una barrera de acceso a la justicia que definitivamente puede tener consecuencias nefastas porque se trata de derechos humanos de las personas.
Consideró que todo el mundo habla de los estados que violan los derechos humanos, pero hay que pormenorizar cuáles son las partes que están inmersas en la práctica jurídica o política que llevan a que estos estados sean considerados violadores de los derechos humanos, pero la parte que no se habla es cuando se hace lo correcto, cuando hay foros para poner a los derechos humanos antes que todo, “hay una gran necesidad de preservar y fortalecer una cultura de los derechos humanos a partir de una mirada crítica de los mismos y sobre todo de cómo hay estándares internacional que deben ser vistos en su justa dimensión y en la práctica jurídica”.
Finalmente, cuestionado sobre si se violentan los derechos humanos al no permitir que los policías tengan un sindicato, o se afilien a uno ya existen, descartó hablar de casos específicos de México, pero recalcó que existe el protocolo de San Salvador, el cual es el instrumento internacional que regula la libertad sindical y la posibilidad de que se fortalezca, aunque reconoció que hay una tendencia también a criminalizar el efecto de la labor sindical, esto porque además se han dado situaciones en donde lamentablemente algunos colectivos no han actuado de la mejor manera.
