Roberto Garduño
Ciudad de México. El miércoles próximo, la representación de Morena en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, presentará un punto de acuerdo por el cual el órgano legislativo exhortará “al Ejecutivo Federal a que valore y considere la permanencia en el cargo del Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México (Hiram Almeida), debido al incremento de los índices de delincuencia en la CDMX.”
También, el pedimento elevado por el diputado Emiliano Álvarez, suma al citado exhorto una solicitud al jefe de gobierno de la Ciudad de México para que “remita a esta soberanía un informe sobre los fundamentos legales de la disposición de la fuerza pública (130 efectivos) de la CDMX en el estado de Guerrero.”
Los argumentos del representante de Morena se sustentan en que “la Ciudad de México atraviesa por una grave crisis de inseguridad ciudadana, reflejada en el incremento de la violencia; ante ello, las autoridades capitalinas responsables “pareciera que optan por rechazar los altos índices delictivos” y afirmar que estamos mucho mejor en materia de seguridad que administraciones anteriores. La realidad y las cifras, se encargan de desmentir lo anterior.
“De acuerdo al Reporte Anual de Incidencia Delictiva en la Ciudad de México, elaborado por el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), se demuestra un incremento en los índices delictivos en la capital durante 2016. Al mostrar los resultados, el Observatorio afirmó que la capital del país presenta una crisis de violencia que no se había visto desde hace 18 años.”
En el contenido del artículo tercero de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, esa dependencia es responsable de realizar en el ámbito territorial y material del Distrito Federal, las acciones dirigidas a salvaguardar la integridad y patrimonio de las personas, prevenir la comisión de delitos e infracciones a las disposiciones gubernativas y de policía, así como a preservar las libertades, el orden y la paz públicos.
Para el diputado de Morena, el artículo 34 de ese ordenamiento contiene la obligación legal del presidente de la República para remover al secretario de Seguridad Pública –en este caso a Hiram Almeida Estrada- por “incompetente y omiso”.
El artículo señala lo siguiente: “corresponde al Presidente de la República el mando de la fuerza pública en el Distrito Federal y la designación del servidor público que la tenga a su cargo, a propuesta del Jefe de Gobierno del Distrito Federal. El servidor público que tenga el mando directo de la fuerza pública en el Distrito Federal podrá ser removido libremente por el Presidente de la República o a solicitud del Jefe de Gobierno del Distrito Federal.”
Incluso el siguiente artículo de la referida Ley Orgánica (35) puntualiza que el Presidente de la República será informado permanentemente por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal respecto de la situación que guarda la fuerza pública en la Ciudad…en el caso de que el Jefe de Gobierno se abstenga, incumpla, contravenga o no acate las instrucciones del Presidente de la República, éste podrá instruir directamente a los cuerpos de seguridad pública.
“Como podemos constatar, existe responsabilidad legal del Presidente de la República en el mando de la fuerza pública en la ciudad, y recae también la designación del secretario de Seguridad Pública. Ante los nulos resultados es menester solicitar al Ejecutivo Federal a que realice una valoración del desempeño de dicho funcionario; asimismo, a que considere dicho nombramiento, y la continuidad en el cargo.”
Con dureza, el diputado Álvarez sostiene en el punto de acuerdo que “en nada ayudan a la ciudadanía de la capital del país” el desplazamiento de tropas de la Secretaría de Seguridad Pública, ordenadas por el Jefe de Gobierno, al estado de Guerrero.
“No ha dado una explicación convincente de los motivos que orillaron a tomar esta decisión. No obstante, el mandato del artículo 35 del estatuto de Gobierno del Distrito Federal, señala que el desplazamiento de dichas tropas pone en riego a los activos enviados, pues no se sabe si están aptos para combatir a delincuentes mejor armados y con una mayor disposición al combate, las condiciones de seguridad laboral; igualmente, no se tiene conocimiento si tal decisión se le informó al Presidente de la República, como lo mandata la Ley.”
