Por Tijuana, BC. Arturo Sánchez Jiménez, enviado
Ciudad de México. Una nueva visión de la migración y de las políticas públicas para atenderla es lo que quiere construir la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). O así lo planteó este viernes el director general de vinculación con las organizaciones de la sociedad civil de la dependencia, Jorge Carlos Díaz Cuervo, a los académicos y defensores de los derechos humanos que participaron en el seminario “Marco normativo, política migratoria y derechos humanos”, organizado por el Colegio de la Frontera Norte (Colef). La recepción que los expertos y los representantes de organizaciones a migrantes le dieron a sus palabras fue mitad entusiasmo, mitad escepticismo.
El funcionario hizo una invitación para que organizaciones de la sociedad civil y los investigadores participen en el diseño de la postura que México llevará a la Sesión de Alto Nivel sobre grandes movimientos de Refugiados y Migrantes de la ONU, que se celebrará el 19 de septiembre.
Dijo que el gobierno federal reconoce que las organizaciones son las que conocen el terreno en materia de migración y que su comprensión de las problemáticas es indispensable para el diseño de las políticas públicas.
De aquí a septiembre, se realizarán seis foros para diseñar la “nueva visión” del Estado mexicano respecto al fenómeno migratorio. Cuatro de esos encuentros se realizarán en México, uno en Estados Unidos y otro en Guatemala. A la par, dijo que la SRE convoca a la sociedad civil organizada en el diseño de dos programas públicos: una para la repatriación o retorno voluntario de compatriotas y otro que implicará la creación de Centros de Atención a Migrantes de la SRE en el territorio nacional.
“La apuesta es que la Cancillería, con la Secretaría de Gobernación, acompañados por la academia y la sociedad civil, construyamos un nuevo asidero conceptual de cómo México entiende y visualiza de aquí al futuro la migración”.
Algunos, como la investigadora Jose Knippen, del Centro de Análisis e Investigación Fundar, plantearon al funcionario que este tipo de trabajo suele servir para que las organiaciones “ayudemos al gobierno mexicano a quedar bien y a presentar una postura progresista en el plano internacional, pero no estamos seguros de que esto se ponga en práctica en casa”. Y dijo que la experiencia le hacía dudar de que la convocatoria no se tratara tan sólo de una pérdida de tiempo.
Otros, como el presidente del Colef, Tonatiuh Guillén, hicieron incapié en que la agenda pública le pertenece a la sociedad civil. “El problema en México es que la política migratoria se ha quedado en el control migratorio, el registro administrativo y la seguridad. La sociedad civil ha atendido las necesidades sociales de la movilidad. El peso relativo de lo que ha hecho la sociedad civil es mucho mayor de lo que ha hecho el gobierno en la atención directa de los migrantes y de los efectos de la migración”.
La última mesa del seminario, que inició el jueves, trató justamente del papel de la sociedad civil en relación con la migración.
René Zenteno, de la Universidad de Texas en San Antonio, presentó datos de una investigación que está por publicar el Colef y que incluyó 25 entrevistas a miembros de organismos como casas de migrantes y albergues, pero también organizaciones que litigan y defienden los derechos de las personas migrantes. Algunos de los desafíos para las organizaciones de la sociedad civil son su debilidad financiera para tener proyectos de largo plazo y gran alcance, así como el centralismo con el que se hacen las políticas públicas.
Sonja Wolf, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) agregó que otros factores que impactan en el trabajo de las ocs son el reclutamiento y retención de personal calificado, así como que si tienen una postura crítica del desempeño del gobierno, se les puede dificultar obtener fondos públicos para su funcionamiento.
La falta de recursos, agregó, también les dificulta crear redes, aunque cuando trabajan en conjunto, las organizaciones civiles pueden ejercer mayor presión polìtica.
