Ciudad de México. La Cámara de Diputados enviará esta tarde a la de Senadores una solicitud para trabajar en conferencia y discutir de manera conjunta las cuatro iniciativas que se han presentado en el Congreso para aprobar una ley de seguridad interior.
La intención de la solicitud al Senado es definir si es posible convocar a un periodo extraordinario en el cual se discuta una ley de seguridad interior o bien, si no se logra votar el dictamen respectivo, llevar el tema hasta el periodo ordinario de febrero-abril de 2017.
La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aprobó enviar la petición a su par en el Senado, después de que el grupo parlamentario del PAN consideró necesario que se defina cuál de las dos Cámaras será la que inicie el proceso legislativo.
Después de una reunión de ese órgano legislativo, que recibió en privado al procurador Raúl Cervantes, el coordinador del PAN, Marko Cortés también planteó que las comisiones de Gobernación, Justicia, Seguridad y Defensa Nacional se convoquen para iniciar la discusión de las iniciativas que al respecto han presentado el PRI, PAN y Movimiento Ciudadano.
Refirió que el 26 de noviembre de 2015, el blanquiazul planteó una ley en la cual se defina que el Ejercito y la Marina sólo puedan ser llamados a intervenir en tareas de seguridad pública por causas específicas, a partir de una declaratoria de afectación a la seguridad nacional, en la que se especifique la temporalidad de la intervención, los recursos materiales y financieros necesarios, el territorio y la justificación de los operativos.
Al respecto, el coordinador del PRD, Francisco Martínez Neri, insistió que las tareas de seguridad pública le corresponden a los cuerpos policiacos, pero convino que en caso de una intervención de las Fuerzas Armadas en este rubro debe realizarse “sobre temas y tiempo perfectamente establecidos”.
Rocío Nahle, coordinadora de Morena, consideró innecesario aprobar una ley de seguridad interior, “porque lo que se quiere es legalizar la militarización del país. Los militares deben regresar a sus cuarteles y se conocen múltiples denuncias de violaciones a los derechos humanos, luego de que Felipe Calderón lanzó una guerra contra el narcotráfico, y ahí sí no preguntaron, no se cambió la ley”.
