El diario La Nación indicó que funcionarios del Ministerio de Justicia argentino y de la Oficina Anticorrupción, junto con un grupo de legisladores oficialistas, “avanzaron en el diseño de un andamiaje legal que permitiría que la empresa brasileña Odebrecht confiese qué funcionarios argentinos cobraron coimas”, como se llama en Argentina a los sobornos.
A cambio, la empresa pagaría una multa “por el perjuicio provocado al Estado y seguir operando en el país”, agregó el matutino.
Esta herramienta legal, sin embargo, tendría sólo un alcance administrativo pero no penal, por lo que las causas en la Justicia argentina contra la constructora brasileña continuarían.
El diario Perfil, por su parte, difundió hoy documentos de Odebrecht en los que aparecen cuatro nombres de dirigentes brasileños que “cobraron coimas” para favorecer a la compañía en “una obra (de construcción) en Argentina” y en “gestiones” realizadas por la “filial de la empresa en Buenos Aires”.
“Documentos del Departamento de Operaciones Estructuradas revelan pagos por al menos 2 millones 860 mil reales (unos 950 mil dólares) entre agosto y septiembre de 2010 a dirigentes de Brasil”, indicó Perfil.
El diario menciona que el pago de dinero habría correspondido a la construcción de un gasoducto en el país.
En tanto, el matutino Clarín publicó que Estados Unidos “decidió cooperar con la Argentina en la causa Obedrecht”, y para eso permitiría que funcionarios de gobierno, jueces y fiscales viajen al país norteamericano para conocer información clasificada.
“El objetivo es que la Justicia argentina pueda acceder a las bases de datos que aportó Odebrecht cuando firmó su Acuerdo de Cooperación” en aquella nación.
En diciembre de 2016, la prensa brasileña difundió que Odebrecht, implicada en el caso conocido como Lava Jato, admitió en Estados Unidos haber violado leyes contra sobornos.
Según los datos aportados por Odebrecht al Departamento de Estado estadunidense, entre 2007 y 2014 impulsó más de 35 de millones de dólares en pagos de sobornos a intermediarios, con el conocimiento de que esos pagos se harían, en parte, a funcionarios del gobierno en Argentina”, en aquel momento a cargo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).
