Aldo Anfossi, corresponsal
Santiago. La cancillería de Chile quedó en entredicho y bajo cuestionamiento, al evidenciarse que en el comunicado que distribuyó acerca de la adhesión al denominado Escudo de las Américas, excluyó información relevante acerca de los alcances de éste, en contrate con la “Declaración conjunta sobre la defensa de la soberanía hemisférica” que divulgó el gobierno estadunidense.
Parlamentarios opositores llevaron el asunto hasta la Contraloría General de la República, para que se pronuncie acerca de si lo suscrito por el presidente, el ultraderechista José Antonio Kast, sobrepasa ser una coordinación voluntaria contra el crimen organizado, sino que más bien un pacto internacional que requiere pasar por ratificación parlamentaria.
“En este requerimiento estamos demostrando ante la Contraloría que el Escudo de las Américas es un tratado internacional encubierto. El gobierno ha engañado a los chilenos, poniendo en riesgo el cobre y el litio ante una potencia extranjera que ya se ha apropiado ilegalmente de las reservas de petróleo de otro país. Nuestro país nunca había tomado una opción, insisto, tan subordinada contra una potencia mundial como lo está haciendo el gobierno de José Antonio Kast”, dijeron.
Particularmente pusieron en tela de juicio el concepto de “soberanía hemisférica” mencionado por Washington, porque supondría algo así como una soberanía colectiva o compartida entre países.
Específicamente, en la declaración de la cancillería se omitieron los temas económicos, militares y de índole estratégica, por ejemplo, la intención de controlar el arribo de inversiones a la región, la salvaguarda de cadenas de suministro de minerales críticos -en el caso de Chile, cobre, litio y tierras raras- y directrices sobre infraestructura digital.
Tampoco se mencionó la intención de aplicar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (Tratado de Río) -que involucra el uso de fuerzas militares-, evidenciada cuando en la declaración estadounidense se menciona que a partir de convocar a “una reunión formal del Órgano de Consulta, nos proponemos participar a nivel ministerial para considerar la adopción de una resolución que promueva y facilite la acción colectiva contra las organizaciones narcoterroristas en el marco del Tratado de Río”.
La cancillería chilena se limitó a decir que se trata de “un marco de coordinación voluntaria entre gobiernos americanos que permitirá combatir con mayor eficacia el crimen organizado transnacional”, y que “la participación en este grupo de coordinación genera beneficios operacionales inmediatos para Chile, como el acceso a información contra el crimen organizado, sistemas de análisis inteligente de datos, capacitación de fuerzas de seguridad y una mejor coordinación interfronteriza” regional.
