Samuel Estrada
Más de cuatro meses después de que el gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López, enviara su iniciativa al Congreso del Estado para la transformación de la Procuraduría General de Justicia en una fiscalía, en donde el actual procurador Federico Garza Herrera en automático sería el nuevo titular por hasta siete años, ahora envió una corrección a este apartado, en donde señala que el nuevo fiscal será nombrado por el Ejecutivo, pudiendo ser o no el actual, pero de ser así sólo podría estar en el cargo hasta 2021, aunque pudiese ser ratificado por el siguiente gobernador.
De acuerdo a la gaceta parlamentaria, esta nueva iniciativa de reforma del mandatario será presentada al pleno del Poder Legislativo en la sesión de este jueves 9 de febrero para poder ser turnada a las comisiones correspondientes para modificar el contenido del artículo transitorio cuarto de su propia iniciativa, que envió el 20 de septiembre de 2016 y que aún no ha sido dictaminada.
En su exposición de motivos, refiere que si bien en un inicio consideró que lo conveniente era que el actual procurador continuase de forma automática en el cargo, luego de estos meses ha sido receptivo de voces tanto ciudadanas como institucionales que ubican que permitir el nombramiento del nuevo fiscal a un nuevo mecanismo de designación permitirá garantizar de manera plena los propósitos de autonomía e independencia que se persiguen.
Por lo que ahora el nuevo fiscal del estado tendrá que se propuesto por el Ejecutivo del estado, pero ratificado por el Congreso local, pudiendo ser, o no, la misma persona que actualmente ocupa el cargo de titular de la PGJE, y de ser así sólo podría ocupar el cargo hasta 2021, fecha en que termina el sexenio de la actual administración.
No obstante, podría ser ratificado por el nuevo gobernador para un periodo de tres años más, para que complete los nueve años que se proponen dentro de esta nueva legislación, pero luego de que concluya su encargo el nuevo fiscal, y todos los subsecuentes, podrán ocupar el cargo por nueve años, siempre y cuando cuenten con la ratificación del Poder Legislativo, que en su caso también tendrá la facultad de removerlo.
