Nochixtlán, Oax. Algunos en sillas de ruedas, muchos con muletas, otros más vestidos de luto, cerca de un centenar de oaxaqueños víctimas de la incursión policíaca en Nochixtlán el 16 de junio fueron recibidos en Casa Xitla, un espacio de Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ) por los rumbos de Tlalpan. Entre varias actividades de atención a su salud, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Luis Raúl González Pérez acudió a escucharlos.
En esa reunión nadie parecía dispuesto a tomar la palabra frente a los funcionarios. Hasta que un joven muy delgado, que no había hablado en ninguna de las reuniones anteriores, caminó hacia el frente. Con la capucha de la chamarra calada hasta las cejas y un tapabocas, Juan José Acevedo, la quijada apretada, demandó a los funcionarios: “Ayúdenos, lo necesitamos mucho. Míreme, no puedo comer”.
A Juan José una bala le entró por debajo de la oreja izquierda y le salió por el maxilar derecho, destrozándole la quijada. Después de una cirugía debe mantener la boca casi cerrada, fijada con ligas y alambres. Se alimenta de líquidos. Hace dos meses pesaba 70 kilos. Hoy pesa 59. Se nutre de un producto proteínico que cuesta 1,200 pesos. Cada paquete le dura tres días. Según el diagnóstico médico, recuperará sus funciones bucales y maxilares hasta dentro de cuatro meses.
A sus 23 años, ya tiene dos hijos y trabajaba de obrero para mantenerlos. Ya no puede hacerlo.
En la madrugada del 16 de junio él y su papá Juan Acevedo García, un hombre de lucha, estragado por la diabetes, habían llevado tamales y una olla de atole al bloqueo de los maestros en Nochixtlán. Iban a recoger la olla cuando se desató el ataque. Entonces el papá regresó a su casa por agua, trapos y vinagre, para que los profes pudieran protegerse de los gases. Juan José se adelantó hacia el retén.
La intervención de Juan José rompió el hielo en la reunión de Casa Xitla y los reclamos y testimonios salieron como avalancha. Ese día el ombudsman tuvo que escuchar palabras muy duras.
Ahora, mientras Juan José asiste a sus citas con el equipo de abogados defensores de Nochixtlán, ya no solo exige atención médica; como víctima exige reparación del daño y también justicia y castigo a quienes lo balearon estando indefenso.
“Decididos a lo que venga”
Las familias de los ocho oaxaqueños muertos durante la incursión de las policías federal y estatal a Nochixtlán y de los más de 50 heridos presentarán una demanda judicial colectiva contra quien resulte responsable. El abogado mixteco que los representa legalmente, Maurilio Santiago Reyes, asegura que después de dos meses las víctimas, todas de la región mixteca, han superado la inmovilidad y el miedo. “Me lo dicen ellos: están decididos a lo que venga”.
Para este defensor que dirige el Comité de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (CEDHAPI) con sede en Tlaxiaco, en el ataque del 16 de junio a Nochixtlán hay una clara responsabilidad del Estado. A partir de la experiencia de impunidad en casos similares en México, “si el Estado se juzga a sí mismo no llega a ninguna parte. Por eso estoy convencido que para que se haga justicia tarde o temprano el caso de Nochixtlán tiene que llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o alguna otra instancia internacional”.
Santiago Reyes es experto, precisamente, en defensa de violencia contra comunidades indígenas en la CIDH, donde trabajó durante varios años. “Por lo pronto, vamos a pedir a la brevedad medidas cautelares. Dentro de un mes, a más tardar, llevaremos al sistema interamericano el caso de fondo”.
Desde hace dos semanas, los afectados, agrupados en el Comité de Víctimas 16 de junio por la Justicia y la Verdad, acuden a las oficinas locales de la Defensoría de Derechos Humanos de Oaxaca en Nochixtlán donde un equipo de abogados del CEDHAPI y de la Sección 22 de la CNTE les toman declaraciones detalladas sobre los hechos del 16 de junio e integran sus expedientes. A la fecha se tienen integradas ya más de 50 carpetas.
A diez semanas de los hechos, la Procuraduría General de la República, que atrajo la investigación, ha reconocido que sus investigadores “no han podido acudir” a Nochixtlán para tomar las declaraciones ministeriales de los involucrados. Los delitos que investiga, además de los homicidios, son robo de armas de la policía, daño en propiedad ajena, privación ilegal de la libertad de oficiales. Su línea principal de investigación, expresada ante la Comisión especial del caso en el Senado, es que hubo disparos de armas “de los dos bandos” y que el día del “enfrentamiento” hubo presencia de personas “ajenas a la comunidad” pertenecientes a seis “organizaciones civiles ya identificadas”.
El temor de este colectivo de damnificados es que la “verdad histórica” de Nochixtlán se encamine, una vez más, al encubrimiento y al señalamiento de las víctimas. Oficialmente se ha informado que ese día hubo también seis policías heridos, algunos de bala. Pero solo se han presentado dos federales –una mujer policía y un hombre—a declarar públicamente.
Desde su perspectiva, el abogado defensor expresa: “Pretender que haya debido proceso dentro del sistema judicial mexicano sería como si las autoridades fueran a juzgarse a sí mismas. Ni siquiera una fiscalía especial puede garantizar que no habrá impunidad. Ya lo vimos con Ayotzinapa y otros más. Por lo tanto, la respuesta tiene que venir de un organismo internacional, en este caso la OEA”.
Desde el primer momento, Maurilio Santiago se movilizó hacia Nochixtlán, alertado por las noticias de la radio. “En la Mixteca noticias como ésta corren como la pólvora por las radios comunitarias. Aquí tenemos La Tlaxiaqueña, una radio comunitaria que fue la primera en alertar a la población de la Mixteca”.
CEDHAPI ha estado involucrado en la defensa de muchos casos emblemáticos de la zona, donde los abusos de autoridades contra sus comunidades en pobreza extrema son habituales. Defendió a los tres maestros mixtecos desaparecidos –y luego localizados—en 1996, cuando se desató una fuerte represión por la aparición en Tlaxiaco del Ejército Popular Revolucionario (EPR). También sacó de prisión a los cinco mixtecos y triquis detenidos en 2006, durante el movimiento de las barricadas. Y logró una sentencia en contra de un conocido cacique de Santo Domingo Ixcatlán, Fredy Ucario, responsable de una masacre en esa comunidad y ligado con las llamadas “caravanas de la muerte” que durante el gobierno de Ulises Ruiz mataron a varios activistas de las barricadas en el movimiento de 2006.
Estos antecedentes han permitido que, a pesar del temor, las víctimas hayan respondido a la invitación de sumarse a la acción jurídica. Entre las violaciones a los derechos humanos que se han perfilado a través de los testimonios de las víctimas figura, además de ejecuciones arbitrarias de ocho ciudadanods, lesiones contra más de cien, violación a las convenciones humanitarias internacionales por el ataque a un hospital, asalto con gas lacrimógeno a los niños de la colonia “20 de noviembre” y tortura contra las 23 personas que fueron detenidas arbitrariamente en el panteón municipal y retenidas durante dos días en la prisión de San Bartolo Coyotepec.
Los niños refugiados
La niña de la diadema verde –así la llamamos, porque su mamá prefiere que su nombre real se mantenga en reserva —pasa por la carretera hacia el centro de su pueblo, Nochixtlán. Al cruzar la zona donde yacen los esqueletos calcinados de al menos seis vehículos, explica con una claridad sorprendente. “Aquí fue la guerra”.
Para ella y los demás niños de la colonia “20 de noviembre”, una explanada de tierra que se hace fango con la lluvia, sembrada de chozas de madera, sin electricidad ni agua corriente, lo que pasó ese 19 de junio fue eso, una guerra. A esta chiquita de 10 años, que vive a unos pasos de la entrada de la colonia, la despertó aquel domingo con el estruendo de armas de fuego y proyectiles de gas lacrimógeno que se iban acercando. Saltó de la cama y se asomó: los primeros uniformados ya habían cruzado la cadena de la entrada y avanzaban, gritando y disparando por la extensión que sin ser calle es la vía principal. Todo se llenó de “un humo preparado con chile”, dicen los niños, que les daba comezón en la nariz, la garganta y los ojos.
Su mamá, Concepción Hernández, corrobora lo que dice la niña. Y asegura que “venían revueltos” los policías estatales con los federales.
La “20 de noviembre” no queda cerca del retén donde los maestros de la Sección 22 bloqueaban la carretera, cuyo desalojo era el supuesto objetivo de la incursión policiaca. Se ubica del otro lado, a más de 400 metros, pasando Nochixtlán, ya hacia Oaxaca. Pero un grupo de policías llegó hasta allá, invadió la colonia y provocó una estampida de niños y adultos que salieron huyendo por la parte de atrás, cruzando nopaleras y matorrales, hasta otra carretera vecinal donde una mujer de la colonia, Juana Antonio, los recogió y los llevó a refugiarse a la localidad vecina de San Andrés Sinaxtla.
Un puñado de niños, a los que ahora en el pueblo llaman los “niños refugiados”, saltan jubilosos al modesto Tsurudel abogado Maurilio Santiago Reyes, que los ha invitado a una nieve. No es un milagro que ocurra diario. Van muy platicadores.
Otra niña, asegura contundente que ella vio caer un avión envuelto en fuego. “¡No era un avión!”, la corrige un niño de seis, a quien llamaremos gemelo uno. “Era una bomba de humo”. La chica no se arredra: “Sí era un avión”.
–¿Y tú que hiciste?
–Me metí debajo de las cobijas. Y no lloré. El que sí chillaba era mi primo, el pelón.
Así narran ellos lo que vivieron ese día de guerra en Nochixtlán. Y lo que siguen recordando de noche, en sueños agitados.
Pero no solo los niños llevan grabado el miedo. Ana, madre de seis, pasó días enferma de susto. “Es difícil sacarse de la cabeza lo que pasó. Yo les vi la cara a los policías, venían resueltos a matar”. Ella sale a lavar y trapear en casas ajenas para mantener a su prole. Tiene una niña de 13 años con discapacidad grave; no camina. El día 19 la tomó en brazos y como pudo salió con todos sus hijos corriendo campo traviesa. Se escondieron debajo de un espino y solo entonces se dio cuenta que no se había puesto zapatos. Sus pies sangraban.
–¿Por qué atacaron esa colonia?
“No le hallamos razón—explican Ana y Concepción—pero desde días antes ya decían en el radio que la 20 de noviembre está llena de guerrilleros. Aquí nadie sabe de eso; nadie tiene ni un arma. Pero somos del Frente Popular Revolucionario. Ellos nos ayudaron a fundar la colonia a muchos que venimos de pueblos muy pobres. Y como todos los vecinos, apoyamos a los maestros en su plantón”.
Precisamente el maestro de 18 niños de preescolar de la 20 de Noviembre, Felipe Montesinos, es uno de los cientos de heridos del ataque policiaco. Él estaba en el retén el día de la incursión. El rozón de bala en la cabeza ya sanó. Pero la quemadura de tercer grado en la mano, donde impactó un proyectil de gas, sigue sin cicatrizar. Con esa misma mano, envuelta en una toalla, acaricia las cabezas de sus alumnos.
La colonia solo tiene una escuela con dos salones paupérrimos, uno para los 18 chicos de preescolar y otro para los 28 de primaria multigrado.
Esa incursión policiaca, sin explicación alguna, provocó que los 32 niños de la colonia permanecieran albergados en Sinaxtla durante ocho días. Por eso, cuando pasan por el tramo carretero donde siguen los esqueletos retorcidos de los camiones incendiados, todos asienten con gravedad cuando su amiguita sentencia: “Aquí fue la guerra”.
