Un nuevo capítulo se suma al debate sobre las apuestas en Brasil. Un estudio de la consultora Cruz Consulting, solicitado por la Asociación Nacional de Juegos y Loterías (ANJL), reveló que 45,1% de los beneficiarios de programas sociales continuarían apostando en plataformas no reguladas si el gobierno mantiene la prohibición de participación en juegos y apuestas online para este grupo.
La ANJL había pedido al Supremo Tribunal Federal (STF) la suspensión de la norma, alegando el riesgo de “daños irreversibles” durante el receso judicial. El ministro Luiz Fux aceptó parcialmente la solicitud, suspendiendo el bloqueo de cuentas ya existentes de beneficiarios del Bolsa Família, pero mantuvo la restricción para nuevos registros o aperturas de cuentas. Las normas impugnadas fueron publicadas por el Ministerio de Hacienda entre septiembre y octubre de 2025.
Según la asociación, la medida del gobierno podría incentivar la migración de miles de apostadores hacia plataformas ilegales, fuera del control del Estado. Los datos de la investigación refuerzan esa preocupación: casi la mitad de los encuestados admitió que seguiría apostando, aun sin acceso a operadores con licencia. Expertos del sector señalan que esto podría ampliar el mercado clandestino y reducir la recaudación tributaria, además de dificultar la implementación de políticas de juego responsable.
El perfil del apostador brasileño también ayuda a entender el impacto de las restricciones. Los informes de casino KTO en Brasil muestran que 59% de los jugadores son hombres y 41% mujeres, con predominio entre los 25 y 40 años (42,1%). La mayoría pertenece a las clases C1 y B1, que juntas representan 47% del total de usuarios. Se trata, en su mayoría, de personas económicamente activas, con nivel educativo medio y acceso digital, lo que desmiente la idea de que el juego online se concentra en los grupos más vulnerables.
La ANJL sostiene que un marco regulatorio bien estructurado podría equilibrar la protección social con la formalización del sector. En lugar de prohibiciones amplias, la entidad defiende mecanismos de control, límites de gasto y verificación de identidad, siguiendo ejemplos internacionales.
Mientras tanto, México avanza en la dirección contraria. El diputado Mejía presentó un proyecto de ley para modernizar la legislación de apuestas, en vigor desde 1947, inspirado en el modelo estadounidense de “juego responsable”. El plan busca formalizar el sector, reducir la participación de operadores ilegales —que actualmente controlan cerca del 60% del mercado— y generar más de 5.000 millones de pesos (271 millones de dólares) en ingresos fiscales en 2025.
El mercado mexicano del juego online alcanzó un valor de 2.700 millones de dólares en 2024 y podría superar los 3.000 millones este año, según estimaciones oficiales. Mejía argumenta que su propuesta garantiza “el derecho ciudadano al ocio recreativo”, mientras que los críticos alertan que el modelo traslada la carga de la responsabilidad al usuario, sin suficientes mecanismos públicos de prevención.
El contraste entre ambos países ilustra las distintas estrategias frente al crecimiento del iGaming en América Latina. En Brasil, las medidas restrictivas generan preocupación por el aumento del mercado ilegal; en México, la apuesta pasa por la legalización controlada y la captación de impuestos.
