Blanche Petrich
Ciudad de México. Brenda Quevedo Cruz, víctima del llamado Caso Wallace y presa sin sentencia desde hace 20 años (actualmente en prisión domiciliaria) logró salir esta tarde de su departamento con un fuerte operativo de la Guardia Nacional que la custodia para acudir a un hospital del Issste en Toluca, donde está internado en terapia intensiva su padre Roberto Quevedo.
El juez de primer distrito Carlos Rico Mondragón, encargado actualmente de la carpeta judicial, había negado en dos ocasiones anteriores el permiso humanitario para que la procesada pudiera acudir a un hospital al sufrir una emergencia médica, secuela de las torturas a las que fue sometida en los penales del Estado de México, Islas Marías, Nayarit y Morelos.
Hace unos días, Roberto Quevedo tuvo un accidente cerebrovascular y fue trasladado a un Issste de Toluca, donde reside. A las pocas horas su salud se deterioró y fue necesario entubarlo. Ante el diagnóstico médico reservado, la defensa de Brenda Quevedo tramitó la obtención de un permiso humanitario que fue emitido en horas de la mañana de este viernes. Pero en el juzgado anotaron mal la fecha –para salir el 18 de julio– y el convoy de la GN, que estaba ya listo para el traslado, tuvo que esperar más de cinco horas para que el documento fuera liberado con la corrección correspondiente. Finalmente, pasadas las seis de la tarde, el operativo se puso en marcha con tres patrullas de la GN.
Brenda Quevedo, de 45 años, es la mujer que mayor tiempo tiene presa sin sentencia en México, a pesar de que la etapa de la indagatoria cerró en 2014. Forma parte del expediente mediante el cual Isabel Miranda de Wallace acusó a seis personas del presunto secuestro y asesinato de su hijo Hugo Wallace (o Hugo León Miranda, según su primera acta de nacimiento).
Numerosas investigaciones periodísticas, de la ONU, la Comisión Interamericana de derechos Humanos, organismos no gubernamentales y la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos han denunciado las numerosas falsificaciones del caso judicial, incluyendo todo un dossier de brutales torturas cometidas contra Brenda, Juana Hilda González, Jacobo Tagle, César Freyre y los hermanos Tony y Albert Castillo, todos ellos señalados en 2006 por Wallace, ya fallecida.
Con el tiempo varias piezas que sustentaron la fabricación de ese caso se han derrumbado. Pero 20 años después todos, menos Juana Hilda, siguen presos. Se ha demostrado que en cada uno de sus expedientes constan declaraciones auto inculpatorias arrancadas bajo tortura.
Hace dos años Juana Hilda González, cuya declaración ministerial obtenida ilegalmente después de numerosas sesiones de tortura y amenazas involucró a todos los demás detenidos, fue liberada después de que la Suprema Corte de Justicia revocó su sentencia de 43 años por comprobarse que la declaración que sostenía la acusación fue obtenida bajo tortura.
Aunque esta resolución del máximo órgano del poder judicial tendría que haber repercutido en todas las demás carpetas del expediente, las autoridades correspondientes no han avanzado en la revisión de estos casos.
