Por Josefina Quintero M.
Ciudad de México. Por la muerte de dos personas en separos de juzgados cívicos, la Comisión del Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió la recomendación 3/2016 dirigida a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales y la Secretaría de Seguridad Pública, ambas instancias del gobierno de la ciudad de México.
De acuerdo con la investigación, las personas se suicidaron cuando se encontraban en custodia de los juzgados cívicos.
Entre los puntos de la recomendación se solicita la reparación integral a los padres y madres de las personas que fallecieron; la realización de un diagnóstico que permita identificar las necesidades del personal, acondicionamiento o remodelación de los espacios destinados para las personas en custodia en los Juzgados Cívicos.
Así como la implementación de sistemas de monitoreo de personas en custodia a través de cámaras; el diseño de un programa de atención a suicidios y capacitación para el personal que labora en la dirección de Justicia Cívica del Distrito Federal, entre otros.
La presidenta del organismo, Perla Gómez, indicó que en la citada recomendación se acreditó la violación al derecho a la libertad personal, debido proceso -garantías judiciales- y derecho a la vida.
Detalló que los espacios son cerrados, poco ventilados, iluminados artificialmente, con barrotes, que en los casos investigados sirvieron para el ahorcamiento de las víctimas, por lo cual son factores considerados riesgosos, porque promueven actos que atentan con el derecho humano a la vida.
Sobre las investigaciones informó que los decesos ocurrieron en los años 2011 y 2013, en el primer caso se constató que la persona agraviada fue detenida y presentada en un juzgado cívico de la delegación Coyoacán por personal de la Policía Bancaria e Industrial, por traer consigo un bote de pegamento PVC, lo cual no está establecido como conducta infractora en términos de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal.
No obstante, el juez determinó imponerle como sanción un arresto al determinarlo responsable de inhalar solventes en la vía pública, sin advertir que el certificado médico de su estado físico no reportaba olor característico ni se encontraba intoxicado.
En el segundo caso, Gomez Gallardo señaló que el personal de justicia cívica en la delegación Tláhuac omitió atender la recomendación del personal de salud, la cual solicitaba que a la persona agraviada se le estableciera una vigilancia estrecha por la condición física que presentaba y no se efectuó lo que conllevo a que ella misma se privara de la vida.
En ambos casos se constató la falta de prevención y adopción de las medidas adecuadas, oportunas y eficaces para salvaguardar la vida de las personas detenidas por la presunta comisión de una infracción y que fueron puestas bajo el resguardo de los jueces cívicos por los elementos de la policía, lo cual dio como resultado que en menos de una hora posterior a la presentación, se suicidaran en las instalaciones de los juzgados cívicos.
