Luego de que el 17 de noviembre de 2015 dos jóvenes que viajaban en una motocicleta en el anillo periférico, cayeran en una alcantarilla frente al fraccionamiento Puerta Real, donde se realizaba una obra de infraestructura, lo que provocó la muerte de uno de ellos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) determinó que hubo violaciones a los derechos a la legalidad y seguridad jurídica y el derecho a la integridad y seguridad personal de dos personas.
Cabe recordar que, debido a la falta de señalamientos preventivos, los jóvenes no se percataron que una alcantarilla se encontraba abierta, por lo que se impactaron con la tapa de ésta y ambos cayeron a la carpeta asfáltica, lo que provocó que una de las victimas falleciera en el lugar y la segunda resultara lesionada.
Por estos hechos, el Ministerio Público del Fuero Común de Hechos de Tránsito de la Procuraduría General de Justicia del Estado inició una investigación en contra de la persona que resultó lesionada por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio por culpa, sin embargo el 18 de noviembre de 2015, el representante social decretó la libertad con las reservas de ley en virtud de que se acreditó que la víctima no conducía la motocicleta.
Las investigaciones arrojaron que la Comisión Estatal del Agua contrató a una empresa para realizar una obra de construcción de redes de alcantarilla sanitario y agua potable en el periférico norte, la cual estaba obligada a colocar señalamientos preventivos para indicar que se estaba ejecutando una obra y que así los conductores adoptaran medidas de precaución para salvaguardar su seguridad y la de los demás vehículos, pero no lo hizo.
De acuerdo con la CEDH, la falta de señalamientos preventivos en la obra de infraestructura y la existencia de la alcantarilla abierta fueron factores determinantes que contribuyeron al hecho de tránsito que tuvo como consecuencia la pérdida de una vida, por lo que emitió una recomendación dirigida a la Comisión Estatal del Agua.
En este sentido, la dependencia determinó que se debe reparar el daño a favor de los familiares de las dos víctimas.
