Jorge Torres
El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Jorge Vega Arroyo, informó que la comisión tiene 10 quejas sobre violaciones a los derechos humanos de periodistas en San Luis Potosí, esto desde 2012, teniendo solamente una queja en este año, la que presente el Canal 7 por las palabras que el alcalde Capitalino, Ricardo Gallardo Juárez, pronunció durante un evento municipal contra trabajadores de dicha empresa, esto lo dijo durante la reunión con los diputados integrantes de la Comisión Especial de Protección a Periodistas del Congreso del Estado.
“Nosotros tenemos ahorita 10 quejas en trámite, sin embargo hay otras donde hemos remitido el caso al comité uno de 2012 sobre la desaparición de un periodista, y la otra de la semana pasada del Canal 7″, dijo el ombudsman el cual señaló que están por resolver algunos de ellos por una cuestión en donde se ve una injerencia de servidores públicos en la libertad de expresión, en otros casos no se ve tanta gravedad pero no por ello no se debe tomar una intervención para que casos como estos no se vuelva a repetir, ” es una llamada de alerta y así lo estamos tomando nosotros”, señaló.
Vega Arroyo destacó que 5 casos se han notificado al Mecanismo Nacional de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación a los cuales también se les envía el expediente, explicó que la manera en que funciona este mecanismo es, presenta un periodista la denuncia, el mecanismo otorga un aparato de alarma al periodista el cual funciona presionando un botón cuando de sienta en alguna situación de riesgo, inmediatamente llegan elementos policíacos o el mecanismo manda seguridad especial como policías federales, aunque esto se base de acuerdo a la gravedad.
Finalmente, en cuanto al caso del Canal 7 señaló que el expediente de queja está en trámite, aparte de que ya se dio vista al Mecanismo de Protección, se solicitó el informe sobre este caso para que tenga su derecho de audiencia, nosotros valoraremos la situación y quizás emitiremos medidas cautelares para que haya una garantía de no repetición de estos hechos y proteger la labor periodística, aunque no descarto que la queja pueda llegar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
