Angélica Campillo
El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Jorge Andrés López Espinosa, exhortó a los seis alcaldes involucrados en la declaratoria de la alerta de género para que se presenten a las próximas reuniones a las que está convocando el Ejecutivo, ya que debe haber un trabajo coordinado por parte de todos los niveles de gobierno.
El ombudsman potosino afirmó que hay gran voluntad por parte del gobierno del estado para dar cumplimiento a la alerta de género, y refirió que este jueves se llevó a cabo una reunión donde se invitó a los alcaldes de los seis municipios, sin embargo tuvo noticias de que sólo acudió el presidente municipal de Tamuín, por lo que hizo énfasis en que es muy importante que en este tema trabajen de la mano los ayuntamientos que han sido señalados y el Ejecutivo, ya que debe existir un trabajo coordinado para su implementación.
Respecto a si el hecho de que sólo acudiera un alcalde a la reunión sobre la alerta de género reflejaría desinterés de los otros cinco presidentes municipales porque se active este mecanismo, López Espinosa dijo: “nosotros esperamos que no, porque gran parte de los tres vertientes de la alerta, que son seguridad, prevención, y justicia y reparación, desde luego que involucra a los ayuntamientos, de ahí que sea muy importante su presencia en todas las reuniones a las que se convoque por parte del Ejecutivo”.
Indicó que en lo que va de este año la CEDH tiene contabilizados 18 feminicidios, no obstante continúan dando seguimiento al informe especializado que se emitió en 2015 respecto al tema, por lo que a la institución le preocupa que existan estas medidas de prevención y que se activen los protocolos de atención a la violencia contra las mujeres a través de la unidad de investigación de la Procuraduría General de Justicia.
Agregó que de la Procuraduría General de Justicia del Estado se tienen arriba de 100 quejas, y específicamente de la Subprocuraduría Especializada para la Atención de Delitos Sexuales hay 20 quejas por irregularidades en las carpetas de investigación, maltrato a las víctimas y acceso a la justicia.
