Ciudad de México. La cúpula empresarial del país celebró y reconoció el veto que el presidente Enrique Peña Nieto hizo al artículo 32 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, aprobado la semana pasada por el Congreso de la Unión, que obligaba a todo particular que tuviera tratos con el gobierno a presentar sus declaraciones fiscal, patrimonial y de intereses.
“El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) expresa su reconocimiento a la presidencia de la República por la decisión de devolver al Congreso con observaciones parciales, la Ley General de Responsabilidades Administrativas”, señaló el presidente del organismo Juan Pablo Castañón.
También afirmó que los empresarios coinciden plenamente con quienes reclaman que la corrupción sea castigada con igual severidad tanto en el sector público como en el privado.
“Cualquier acto de corrupción por parte de un privado debe ser sancionado con todo el peso de la ley”, señaló.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) también celebró el anuncio del Ejecutivo y se sumó a la solicitud presidencial al poder legislativo para que convoque a la brevedad a un periodo extraordinario de sesiones para el análisis, corrección y dictaminación de las observaciones.
“El Presidente de la República ha escuchado a los empresarios y a la sociedad mexicana en la demanda de mantener vivo el espíritu original que dio pie a la propuesta del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA)”, señaló residente de Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther.
El empresario consideró que “en los términos que venía, volvía inoperante el SNA ante la imposibilidad de procesar las millones de declaraciones de empresarios, trabajadores y beneficiarios de programas gubernamentales, entre otros”.
Adelantó que los empresarios analizarán todos los artículos que se regresaron al Legislativo para observar que se conserve el objetivo primordial de las 7 leyes que conforman el Sistema.
Manuel Herrera Vega, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) consideró que el veto “sienta un precedente de visión y estadismo” y confió en que los cambios “son para construir un sistema fuerte y viable”.
Todos los organismos empresariales coincidieron en que las reformas aprobadas por el Congreso son un gran avance en la tarea de combatir la corrupción en el país y confían en que permitirá construir una sociedad más justa y libre de impunidad.
