Hermosillo, Son. El ex gobernador de Sonora, el panista Guillermo Padrés Elías, fue citado a declarar en calidad de acusado ante un Agente del Ministerio Público Especializado que integra una averiguación previa en su contra por los delitos de tortura, lesiones, abuso de autoridad y privación ilegal de la libertad, en perjuicio de Gisela Peraza Villa, el ama de llaves encarcelada injustamente durante su sexenio.
El abogado de la parte acusadora, Juan Antonio Ortega García, aseveró que la comparecencia está programada mañana martes a las 11:00 horas en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado en Hermosillo.
Este es el segundo citatorio de parte de la PGR hacia el ex mandatario panista. El pasado 13 de mayo fue citado a declarar por dicha institución y la Fiscalía Especializada para la investigación de hechos anticorrupción y no se presentó
Por lo fue multado con una multa de 50 salarios mínimos, equivalente a 3 mil cincuenta pesos por faltar a un citatorio judicial, donde se le requería para declarar por tres delitos: ejercicio indebido del servicio público, abuso de funciones y delitos contra la administración de la justicia.
Este martes deberá acudir a declarar porque su ex empleada doméstica Gisela Peraza fue retenida ilegalmente el pasado 13 de marzo del 2011, cuando durante varias horas en la residencia oficial que entonces habitaba Guillermo Padres y su familia, la acusaron de haberse robado 7 millones de pesos y joyas preciosas que el ex mandatario guardaba en su alcoba.
Según estableció la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el ama de llaves fue torturada en la propia Casa de Gobierno y privada de su libertad ilegalmente.
Gisela Peraza pasó cuatro años en prisión, hasta que un Juez la declaró inocente a principios del 2015; pero, la empleada doméstica no recobró su libertad hasta seis meses después, el día siguiente que el candidato que apoyaba Guillermo Padrés perdió en las elecciones para gobernador de Sonora.
Además del ex gobernador, la demanda involucra a ex funcionarios públicos y legisladores federales como presuntos responsables de la comisión de delitos graves.
Actualmente hay 20 ex funcionarios sujetos a proceso penal por el caso de Gisela Peraza, quien interpuso la demanda por abuso de autoridad, asociación delictuosa, tráfico de influencias, tortura, lesiones, privación ilegal de la libertad y los que resulten.
