Carolina Gómez Mena
Ciudad de México. La clase política “también es culpable” de la violencia que tiene sometidos a muchos ciudadanos en el país, pues con sus prácticas de “corrupción” e “impunidad” abonan a la problemática, aseguró la Arquidiócesis de México en el semanario Desde la fe.
En el escrito titulado Los culpables indica que servidores públicos locales de diversos niveles de gobierno se han aliado con el crimen organizado.
“Basta pensar en los munícipes, mandatarios y funcionarios de distintos colores partidistas, quienes sin empacho, tienen en grupos criminales a sus mejores efectivos, funcionando como paramilitares para proteger los narconegocios, como punto perfecto de su inexplicable enriquecimiento, pagado con sangre que mancha las manos”.
Criticó que el hecho de que algunos gobernadores se han preocupado más por enriquecerse que apoyar a la población ante la inseguridad.
“Basta pensar en los gobernadores omnipotentes que se han dedicado a saquear el patrimonio de los estados, fincándose como señores absolutos, mientras que a la par de sus actos ilegales los muertos de cuentan por centenas; en los presidentes municipales y mandatarios que en su momento rogaron el voto, prometiendo hacer diferente las cosas, pero una vez en el poder, olvidaron, o mejor dicho, guardaron convenientemente sus promesas de campaña, mientras que el índice de niñas y mujeres desaparecidas y de feminicidios crece sin control”.
Indicó que el “drástico aumento de la violencia en México nos hace preguntarnos cómo es posible que se haya llegado a tan lamentable estado”, porque “no hay ningún rincón en el país donde un mexicano pueda sentirse seguro y vivir en paz”.
En tal sentido durante las peticiones hechas durante la misa encabezada por el cardenal Norberto Rivera Carrera en la Catedral Metropolitana, se oró por los “sacerdotes que están siendo atacados y perseguidos” y en específico por el descanso del presbítero Luis López Villa, de la diócesis de Nezahualcóyotl, quién fue asesinado el miércoles pasado por delincuentes que irrumpieron en la parroquia San Isidro Labrador, ubicada en la colonia El Pino, en el estado de México.
