Fernando Camacho Servín
Ciudad de México. Las autoridades del país han mostrado un claro “desdén” al tema de la protección a los periodistas, como lo demuestra el hecho de que el mecanismo de protección a este gremio no tiene recursos asignados para el mes de octubre, y a que los tres niveles de gobierno han hecho caso omiso de las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el tema.
Así lo dio a conocer el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, quien señaló que el organismo a su cargo va a instrumentar un “semáforo” para marcar el nivel de avance de las autoridades a estos señalamientos, especialmente de los gobiernos estatales y municipales.
Durante la presentación de una serie de estudios sobre el cumplimiento de cuatro recomendaciones generales que la CNDH ha realizado de 2004 a la fecha sobre el tema de las agresiones contra periodistas, el funcionario lamentó que el fideicomiso que sustenta al Mecanismo de Protección “hoy está carente de recursos para el mes de octubre”.
En entrevista posterior con los medios, el ombudsman subrayó que, según datos de la quinta visitaduría general de la CNDH, “la perspectiva es que en octubre se agota ese presupuesto (del Mecanismo). Me parece preocupante, porque el tema de las agresiones no se ha revertido, el tema de la impunidad sigue latente”.
En ese contexto, llamó a que las autoridades doten de recursos suficientes al Mecanismo de Protección para el cierre de este año y para 2019, e insistió en que los gobiernos estatales deben nombrar enlaces con poder de decisión para cumplir con la Recomendación General 24, relacionada con la necesidad de proteger a los comunicadores amenazados o agredidos.
En ese contexto, González Pérez indicó que de acuerdo con un estudio del nivel de cumplimiento de cuatro recomendaciones generales de la CNDH (la 7, de 2004; la 17, de 2009; la 20, de 2013 y la 24, de 2016), la gran mayoría de los gobiernos estatales y municipales han hecho caso omiso de los señalamientos de cuidar a los periodistas.
Un ejemplo de ello es que, a pesar de que el nivel de aceptación a dichas recomendaciones fue de 94 por ciento, la gran mayoría de las respuestas de las autoridades a la CNDH fueron simples acuses de recibo y no generaron políticas públicas para ser aplicadas en la realidad.
En el caso de la recomendación general 24, el 79 por ciento de los gobiernos estatales sólo respondieron por escrito mediante “contestaciones rutinarias y burocráticas”, 19 por ciento lo hicieron repitiendo lo que ya decía el expediente, y sólo en 33 por ciento hubo algún tipo de información a casos específicos de periodistas amenazados o agredidos.
Por otra parte, todas las autoridades federales respondieron a los señalamientos de la recomendación 24, pero no lo hicieron las de los gobiernos estatales de Chihuahua, Morelos, Nayarit, Tlaxcala y Yucatán. En lo que se refiere a los municipios, sólo 30 de 2 mil 458 respondieron, y solamente lo hizo una delegación de la Ciudad de México.
