Fernando Camacho y Gustavo Castillo
Ciudad de México. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) interpusieron este viernes sendas acciones de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior (LSI), ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Representantes del INAI acudieron la mañana de este viernes a la sede de la SCJN, sin presencia de reporteros, y se retiraron de inmediato luego de entregar su documento a la Oficialía de Partes de la Corte.
En tanto, la Comisión de los Derechos Humanos presentó esta tarde un recurso en contra de diversos artículos de dicha ley por considerar que ponen en riesgo libertades y garantías básicas de la población.
Pasadas las 18:30 horas, acudió el coordinador general de seguimiento de recomendaciones y de asuntos jurídicos de la CNDH, Rubén Francisco Pérez Sánchez, quien hizo entrega del expediente en cual el organismo público expone sus argumentos en contra de la mencionada ley.
Aunque el personal de la CNDH se retiró de la corte sin dar entrevistas a los medios de comunicación ahí presentes, entregó un comunicado en cual expusó que la acción de inconstitucionalidad está basada en el hecho de que la LSI “contraviene criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, además de desconocer lo previsto por el artículo 21 constitucional, el cual señala las materias y actividades encargadas de la seguridad pública.
La LSI, advirtió la CNDH, posibilita que “de manera discrecional y sin las debidas garantías de transparencia, el Ejecutivo Federal pueda ordenar la intervención d ellas fuerzas armadas y incidir en el ámbito de derechos y libertades de las personas”, por causas que van más allá del combate a la inseguridad.
Así mismo el organismo público destacó que, en sus términos actuales, la polémica norma “no reporta ningún beneficio directo ni a los particulares ni al personal militar que lleva acabo acciones vinculadas a la seguridad de las personas”.
Esta es la cuarta acción de inconstitucional que se presenta en contra de la LSI, después de las interpuestas por ambas cámaras del Congreso de la unión y por el Insisto Nacional deTransparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos personales.
Previamente el municipio de Cholula, en el estado de Puebla, ya había interpuesto una controversia constitucional contra la LSI.
