Ciudad de México. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 32/2018, dirigida al gobernador y otros altos funcionarios del estado de Veracruz, por el caso del desalojo arbitrario y violento de 35 adultos mayores que se manifestaron ante el Palacio de Gobierno en la ciudad de Xalapa, y las agresiones a dos periodistas que cubrieron los hechos.
El organismo público documentó que el 23 de diciembre de 2015 un grupo de personas jubiladas –algunas de ellas con limitaciones motrices—se manifestó para exigir el pago oportuno de sus cheques por prestaciones de seguridad social y de fin de año, además de que hubiera fondos en las cuentas bancarias para cobrarlos.
En respuesta, agentes de la policía estatal los desalojaron utilizando pistolas de descargas eléctricas, las cuales están prohibidas. Los jubilados también fueron empujados con bastones largos y cortos, y agredidos verbalmente, además de que dos periodistas fueron amenazados y golpeados con toletes por los uniformados.
Tras investigar el caso, la CNDH acreditó violaciones a los derechos humanos a la seguridad social, a la libertad de reunión, al trato digno e integridad personal y libertad de expresión, así como al derecho a la justicia en su modalidad de procuración, atribuibles a 22 servidores públicos adscritos al gobierno estatal.
En su Recomendación, el organismo público llamó al gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, a coordinarse con el Instituto de Pensiones y la Fiscalía General para reparar integralmente el daño a los adultos mayores agredidos, y para inscribir en el Registro Estatal de Víctimas a los 35 jubilados y a los dos periodistas.
De igual forma, Yunes deberá colaborar con la CNDH en la denuncia que presentará ante la Fiscalía General para que investigue y determine las responsabilidades penales de 12 funcionarios públicos y demás autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública.
Por su parte, al director general del Instituto de Pensiones de Veracruz se le recomendó tomar medidas para cubrir oportunamente las prestaciones de seguridad social a las personas pensionadas, y colaborar con la CNDH en la denuncia que presente ante la Fiscalía General estatal para que investigue y determine las responsabilidades penales de varios servidores públicos.
