Armando G. Tejeda
Los familiares y más de 200 organizaciones civiles y de defensa de los derechos humanos denunciaron el proceso judicial de extradición abierto en España contra James Fergie Cox, un filántropo estadounidense que ha dedicado parte de su fortuna a apoyar proyectos sociales y educativos en Palestina. Cox fue detenido en Ibiza y ahora está detenido y a la espera de que la Audiencia Nacional decida si concedo o no la extradición a Estados Unidos (EU), donde la administración de Donald Trump lo reclama por una serie de supuestos delitos que le podría acarrear una condena de hasta 30 años de cárcel.
Desde la Red Solidaria contra la Ocupación y la Colonización de Palestina se impulsó una iniciativa para denunciar la posible extradición de Cox a EU, lo que supondría, a su juicio, una forma de “criminalizar la solidaridad” con la causa Palestina. A la campaña, en la que también ha habido hasta una cacerolada frente a las dependencias judiciales, se han sumado colectivos y asociaciones de defensa de los derechos humanos, que han denunciado en los últimos años la política de exterminio y genocidio impulsada desde el Estado de Israel y EU. La carta está firmada por diputados en el Congreso como Gabriel Rufián, Gerardo Pisarello, Ione Belarra, Oskar Matute o Enrique Santiago, además de 13 organizaciones políticas como la CUP, ERC, Comuns, EH Bildu, BNG, Somos Asturies, Més per Mallorca, Compromís, IU, Adelante Andalucía, Podemos, Sumar y Más Madrid.
En el manifiesto de repulsa se advierte que “esta extradición supondría un precedente extremadamente peligroso. Sería el primer caso en el que una persona es reclamada desde España por Estados Unidos por su apoyo a la causa palestina, abriendo la puerta a la persecución internacional del movimiento de solidaridad con Palestina”. Además advierten que Fergie Cox Chambers ha destinado gran parte de su patrimonio a financiar proyectos humanitarios en Gaza y a apoyar iniciativas sociales y medios de comunicación comprometidos con los derechos del pueblo palestino. Sin embargo, se enfrenta ahora a una acusación que su entorno considera infundada y motivada políticamente, en el marco de la creciente ofensiva de la administración Trump contra quienes denuncian el genocidio en Gaza y defienden los derechos del pueblo palestino”.
Así que, añaden, “si es extraditado a Estados Unidos hay riesgo fundado de que no sean respetados sus derechos y pueda sufrir condiciones de detención que incluyan torturas y malos tratos como la reclusión prolongada en solitario”. Por eso hacen “un llamamiento a representantes políticos, juristas, organizaciones sociales y a toda la sociedad civil comprometida con los derechos humanos para que se movilicen y exijan que España diga no a esta extradición. Permitir esta extradición marcaría un precedente muy peligroso, no solo para la libertad de expresión y la solidaridad internacional, sino también para la capacidad de un gobierno extranjero de extender la represión contra el movimiento propalestino más allá de sus fronteras”.
Finalmente advierten que “Trump está usando una vez más esta demanda de extradición como una forma de castigar al pueblo palestino, y por ende, aquellos que le apoyan. El delito es apoyar el genocidio, no apoyar a quiénes tratan de combatirlo”.
