Ciudad de México. El combate a la impunidad para crímenes contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas es uno de los grandes desafíos que tiene el país, a fin de asegurar su protección, por lo que es urgente que las autoridades de procuración y de administración de justicia garanticen que dichos delitos sean debidamente investigados y sancionados.
En una declaración conjunta, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de Derechos Humanos, Michel Forst, y la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, manifestaron su rechazo categórico a cualquier acto de amenaza o agresión que busque limitar sus derechos fundamentales, incluyendo los derechos a la vida, la integridad, de libertad de expresión, asociación o reunión, o que pretenda menoscabar su labor, directa o indirectamente.
En el pronunciamiento, derivado de la reciente visita oficial del Relator a México, se destaca la importancia de fortalecer el Mecanismo y asegurar que cuente con los recursos financieros y humanos suficientes para este año 2017.
Incluso, hacen un llamado explícito a las autoridades que participan en la asignación y adopción del presupuesto nacional para 2018, a efecto de garantizar la asignación de fondos adecuados al Mecanismo, particularmente para el Fideicomiso del cual se financian las medidas de prevención y protección.
Hay que recordar que dicho Mecanismo es un instrumento de protección especializado y común para personas defensoras y periodistas, que se deriva de una ley que reconoce la obligación del Estado de proteger a estas personas.
Además, está conformado por las unidades de recepción de casos y reacción rápida, evaluación de riesgos y de prevención, seguimiento y análisis.
