Renata Terrazas*
Es difícil leer los periódicos y no quedar más confundido, más enojado, más frustrado. Leemos sobre los escándalos de Duarte, las acciones en su contra pero la imposibilidad de localizarlo; leemos también sobre los otros tantos ex gobernadores sospechosos de comisión de actos de corrupción y observamos que no hay nada concreto para lograr su detención, para que se les finquen responsabilidades y se castiguen sus delitos.
Al mismo tiempo, somos testigos de cómo otro perfil de funcionarios se encuentran bajo sospecha sin claridad en los procesos contra ellos, como el caso de Luis Carlos Vega Pámanes, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, quien en 1984 fuera detenido por robo de auto, resistir el arresto y matar a una persona.
Ante la avalancha de noticias sobre actos de corrupción y la impunidad reinante, emerge la construcción de un sistema que pretende combatir estos lastres. Sin embargo, para cualquier persona que levante un periódico y lea los encabezados, parecería esquizofrénica la actitud de un gobierno que se enfrasca en construir una institución para combatir la corrupción sin poner en marcha la justicia para detener a los responsables de robar y endeudar a sus estados.
¿Dónde encontrarán a Duarte? Es la pregunta a la que parece no haber respuesta, porque de seguro el acuerdo tras bambalinas al que habrán llegado para cubrir el rastro del ex gobernador será imperante, por más leyes e instituciones que se creen. Y entonces la pregunta que nos estaremos haciendo es ¿a qué le apostamos cuando las instituciones no cumplen sus objetivos? Si el mensaje que las autoridades nos darán es que estos delincuentes podrán salirse con la suya, sin importar el tipo de instituciones que se lleguen a crear, entonces ¿por qué seguirle apostando a su construcción?
El gobierno federal no puede esperar que los clamores de justicia se calmen con la creación de un sistema anticorrupción cuando es evidente que no existe voluntad política para que éste opere. O quizá lo haga pero no ante esta élite política, como tampoco ante la que viene, ni la que le sigue…
El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) no está pensado para que vaya tras uno que otro funcionario de rango medio, al menos no lo ha pensado así la sociedad civil. Su principal función es combatir la corrupción estructural y dar ejemplos de que son actos que no quedarán impunes. En este sentido, es la gran corrupción, esa que endeuda estados, que permite que el narco tome las calles, que viola derechos humanos, que empobrece a la población, la que contamina los ríos y la tierra, esa corrupción que mata; justo esa es la que resulta prioritario erradicar.
Es muy inocente pensar que este gobierno va a ir tras las denuncias tras los Duarte o Borge. Estos tres ex gobernadores fueron señalados como representantes del nuevo PRI por el entonces candidato a la presidencia, Enrique Peña Nieto. Y sí, efectivamente, los tres, junto con Peña Nieto, han significado un cambio en el perfil del político mexicano. La corrupción ha marcado estos gobiernos, el nuevo PRI llegó con reglas distintas para la comisión de delitos con el erario y para un intento de instauración de una nueva era donde operen de manera impune.
Por ello será poco probable que veamos a los Duarte, a Borge o cualquier otro ex gobernador asumiendo su responsabilidad y enfrentando la justicia, se apelliden como se apelliden y del partido que sean, los acuerdos entre las élites políticas han quedado claros y se encuentran, muy a pesar nuestro, por encima de cualquier ley o institución.
Ante este escenario nos volvemos a preguntar qué es lo que debemos hacer como sociedad para erradicar la corrupción, esa que disminuye los ingresos del país mediante cancelaciones o condonaciones de créditos fiscales de élites económicas, esa que disminuye las arcas del Estado mexicano para agrandar las bolsas de nuestros gobernantes.
No podemos esperar a contar con una verdadera voluntad política, esta hay que exigirla y construirla. Bajo ningún contexto las clases políticas se impondrán controles de manera voluntaria, lo harán en la medida que así sea la exigencia ciudadana. Y esta exigencia no se hará realidad votando por el menos peor ni protestando en redes sociales, requiere de un mayor involucramiento ante el tema más relevante que estamos enfrentando: el combate a la corrupción y a la impunidad.
Si de verdad estamos construyendo instituciones para combatir la corrupción, es importante dejar claro dos cosas:
1) Los perfiles de los integrantes del SNA serán los mejores, y los procesos de designación se harán conforme a los principios de transparencia y participación.
2) Se debe enviar un mensaje claro para evitar que otros gobernadores roben impunemente; Javier Duarte, César Duarte, Roberto Borge, Guillermo Padrés y Humberto Moreira deben ser juzgados por las denuncias en su contra y eliminar así el precedente de impunidad.
Cualquier acción sin atender la importancia de los perfiles y su proceso de selección, y sin llevar a cabo investigaciones reales por las denuncias contra ex gobernadores será mero discurso y así debemos leerlas.
* Investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación
