Angélica Campillo
Comuneros del ejido Guadalupe Victoria y su anexo La Cruz anunciaron que presentarán una denuncia penal en contra del juez auxiliar del poblado San Marcos, José Reyes Pérez Ortiz, pues aseguraron que, con la ayuda del ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, pretenden despojar de aproximadamente 700 hectáreas a la congregación.
El presidente del Comisariado Ejidal, Gabino Quistiano Hernández, informó que la Dirección de Catastro, a cargo de Macario Salazar García, obstruye el empadronamiento catastral de los predios ubicados en el área comunal El Caolín con el argumento de que el juez auxiliar de San Marcos y algunos empleados de la abogada Irma Blanco y la familia Torres Corzo ahora dicen que son dueños desde hace 80 años en las tierras de Guadalupe Victoria y su Anexo la Cruz.
Agregó que el plano con el que pretenden apoderarse de un tramo de varios kilómetros involucra al libramiento norponiente y pone en riesgo la nueva vía en la zona de la Caseta (kilómetros 35 al 39): “nos quieren enfrentar con San Marcos y no lo van a lograr porque José Reyes Pérez Ortiz es un esquirol, además de que no es Comisariado Ejidal de ningún lado, que ni siquiera en San Marcos lo respetan. Sabemos que esas supuestas declaraciones de un imaginario comisariado de San Marcos son una torpe broma y que están pagadas por los empresarios de Habi y Caletto”, recalcó Quistiano Hernández.
Por su parte, Francisco Blanco, secretario del Comisariado Ejidal, calificó de patético que la Dirección de Comunicación Social de gobierno del estado articule una estrategia de calumnia mediática estilo años setentas contra la lucha de los comuneros, “pero eso nos da más instrumentos y más fuerza, eso indica que vamos muy bien”.
Los comisariados afirmaron que son las autoridades municipales de Mexquitic, en complicidad con las inmobiliarias, las que están inyectando recursos económicos para una estrategia de choque y represión a la comunidad de Guadalupe Victoria y su anexo La Cruz, a fin de provocar desestabilización y violencia.
“Lo que denunciamos en el juicio político, todo se está generando, nosotros ya sabíamos que su siguiente paso es el ataque mediático, y el pago de grupos de choque y represión, a través de Irma Blanco y la secretario del ayuntamiento Paulina Aguilar García”, refirió Blanco García.
Por su parte, el asesor legal de los inconformes, Carlos Covarrubias Rendón, afirmó que los fraccionamientos de Habi y Caletto están colapsando, ya que los compradores huyen al percatarse de las dimensiones del conflicto y de que van a pagar millones por una vivienda que se encuentra en terrenos comunales invadidos por las inmobiliarias: “nos han estado buscando compradores de buena fe, para que los asesoremos y poder recuperar el dinero que invirtieron”, ahondó.
Para cerrar, enfatizó que, en “su plano imaginario ahora resulta que abarca el libramiento norponiente. En el año 2013 se acordó permitir su construcción con varias condiciones, una de ellas que Meta y la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes reconociera a nuestra Congregación; la caseta se llama Guadalupe Victoria, a donde acudió el presidente Enrique Peña Nieto a inaugurarla”.
