Laura Gómez Flores

Ciudad de México. Concesionarios del transporte público demandaron la eliminación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para evitar un alza desmesurada en sus tarifas, continuar con la sustitución de unidades y hacer frente al aumento de los combustibles.

En conferencia de prensa Nicolás Vázquez Figueroa, Mario Alberto Martínez y José Luis Tenorio, representantes de cinco mil concesionarios, advirtieron que “la escandalosa” liberación de los precios de las gasolinas y diésel pone en riesgo la continuidad del servicio.

De 2013 a la fecha, cuando se registró la última alza de la tarifa de 50 centavos, el costo de los combustibles además se elevó 49 por ciento en promedio, al igual que el de refacciones e insumos, mientras la expedición de la licencia tarjetón lo hizo en 25 por ciento.

Vázquez Figueroa, presidente de la Unión de Transportistas Nuevo Milenio, advirtió que el no contar con una tarifa realista, cuyo monto se espera defina la Secretaría de Movilidad en las mesas que inician este lunes con las diversas organizaciones de transporte, no sólo detendrá la sustitución de unidades, sino provocará una suspensión del servicio.

Los aumentos en los costos de operación ha llevado a varias rutas a no prestar el servicio, como sucede en Tláhuac en las rutas 12, 44 y 56, cuyos ingresos se han reducido en 50 por ciento, ante la operación de la línea 12 del Metro, indicó.

Una situación similar enfrentan las rutas 49 y 53, a causa de la puesta en marcha de una línea de Metrobús, mientras otras, estimó, dejarán paradas la mitad de sus unidades porque “no les saldrá para su mantenimiento, siendo en su mayoría microbuses”.

La solicitud por ello al Jefe del Ejecutivo Federal, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Cámara de Diputados y al Senado de la República a que los transportistas sean exentados del pago del IEPS, que significa 4.30, 3.64 y 4.73 pesos por litro de las gasolinas Magna y Premium, así como Diésel, respectivamente.

José Luis Tenorio, representante de la ruta 18, que opera en las delegaciones Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza y Cuauhtémoc, así como en los municipios de Ecatepec, Neza y Tlanepantla, señaló que con esa propuesta se disminuiría el impacto de un alza en la tarifa del transporte público concesionado, en el bolsillo de la gente.

Además de evitar que muchos transportistas, de manera natural, dejen de prestar el servicio, porque carecen de recursos para hacer frente a los costos de operación y mantenimiento, resultando los usuarios los más afectados.

De acuerdo con sus estimaciones, 20 por ciento de las 20 mil unidades en circulación podrían estar en esa situación, pues aun cuando se subsidia cada viaje en 2.89 pesos en promedio, deben de hacer frente al alza de combustibles, refacciones y pago de letras, en caso de adquisición de nuevas unidades.

Mario Alberto Martínez Valencia, del Consejo para la Defensa de los Derechos Humanos de los Transportistas, señaló que además de estas propuestas, que serán presentadas al secretario de Movilidad, Héctor Serrano Cortés, en la reunión que sostengan, está la modificación del artículo 21 fracción H, inciso e, de la nueva Constitución.

Se trata de evitar que únicamente las empresas sean las que operen en el sector, dejando fuera a miles de concesionarios en lo individual, por lo cual llamamos a la sensibilidad de los integrantes de la Asamblea Constituyente para que atiendan este tema, dijo.

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