Susana González y Dora Villanueva
Ciudad de México. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sostuvo que las cuentas bancarias de Altos Hornos de México, SAB de CV. (AMHSA) fueron congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) porque “se identificó en el sistema financiero nacional e internacional que se llevaron a cabo múltiples operaciones con recursos que presuntamente no proceden de actividades lícitas, mismos que se presumen ser derivados de actos de corrupción”.
Al mismo tiempo, anunció que las cuentas de los trabajadores de la siderúrgica, que opera en Coahuila, serán descongeladas mañana martes 28 de mayo, cuando se promueva la garantía de audiencia, al aseverar que la UIF “actuó en todo momento conforme a derecho, sin pretender, en ningún escenario, dañar con esta medida a los trabajadores, accionistas o proveedores de Altos Hornos de México”.
A través de un comunicado de prensa emitido esta noche, Hacienda Indicó que la empresa fue incluida en la misma lista de personas bloqueadas en la que se incluyó a Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex). Tanto AMHSA como Lozoya Austin “tienen expedito su derecho de garantía de audiencia y defensa, particularmente para hacer valer, en términos de la legislación aplicable, los derechos laborales de sus trabajadores, accionistas y/o proveedores ante la propia UIF”. Ambos pueden presentar las pruebas que consideren conducentes y formular los alegatos en su defensa.
La SHCP justificó “que la congelación de cuentas está comprendida en las facultades legales previstas que tiene la UIF en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado)”.
Forma parte, insistió, de las funciones que realiza la UIF en el cumplimiento de sus obligaciones como autoridad del Estado Mexicano y en el marco de un Estado Constitucional de Derecho, además de que están respaldadas en diversos instrumentos internacionales como las convenciones de Mérida y de Palermo. “De esta manera, se reafirma la política de cero tolerancia a la corrupción establecida como uno de los ejes centrales del Gobierno de México”, ponderó la dependencia.
