Samuel Estrada
Con 23 votos a favor y tres en contra, fue aprobada la nueva Ley de Transparencia para el Estado de San Luis Potosí, en sesión de pleno del Poder Legislativa, en donde hubo polémica debido a que un grupo de legisladores reclamaron que no fueron tomados en cuenta, aunque al final votaron y por mayoría aprobaron esta nueva legislación que aunque tiene ideas de vanguardia, en su mayoría se limitaron a armonizar lo que estableció la modificación que se hizo en el Congreso de la Unión.
En la sesión de este miércoles, que comenzó a las 12 del día, todo había transcurrido con normalidad, salvo por el hecho de que precisamente se realizó en miércoles y no en jueves, como tradicionalmente se hacen, debido a que este 5 de mayo es el límite para las adecuaciones por parte de los congresos locales de acuerdo a la nueva Ley de Transparencia aprobada a nivel nacional.
El punto a discutir se dejó al último en el orden del día y desde antes se supo que hubo diferencias entre los diputados debido a que existieron dos propuestas: una que surgió desde la legislatura pasada, que ya se encontraba en la Comisión de Transparencia y que tuvo algunos añadidos, y otra que presentó el llamado grupo de los broncos.
A final de cuentas, la propia presidenta de la Comisión de Transparencia del Congreso del Estado, Josefina Salazar Báez, aseveró que se hizo todo el esfuerzo por asimilar las dos propuestas y que lo que se votara sería en su gran mayoría impulsado por prácticamente la totalidad de la legislatura local.
La votación
Se llegó la hora de la votación, sin embargo apenas comenzaron los posicionamientos de los diputados y fue evidente que comenzaron a discutir desde sus curules; no pasó mucho hasta que prácticamente reventaron la sesión y dejaron sin quorum el salón de plenos, por lo que el presidente de la mesa directiva en ese momento tuvo que hacer llamados en varias ocasiones para que regresaran a sus lugares.
Después de esto reanudaron los posicionamientos y, en su intervención, el diputado panista Enrique Flores Flores apuntó que aunque la diputada presidenta de la comisión es de su mismo partido, no podía dejar de señalar que “les faltó cortesía política” al no incluir las propuestas de otros legisladores, por lo que consideró que se trata de una ley “que se ha quedado corta”.
Por su parte, un enérgico Héctor Mendizábal externó que, desde su punto de vista, se ha tratado de una “ley chimuela” que, contrario a fortalecer a la transparencia y a su órgano garante en el estado, que es la CEGAIP, “la han sobajado” y, aunque no ahondó al respecto, recalcó que le parece una ley a modo del Ejecutivo del estado.
Luego, tocó el turno a la principal impulsora de la iniciativa, Josefina Salazar Báez, quien en tribuna reconoció que de inicio la propuesta fue tomada de una impulsada desde la anterior legislatura por el entonces diputado Alfonso Díaz de León Guillén, sin embargo también se le hicieron varias adiciones y modificaciones.
De igual forma, hizo hincapié y mostró los documentos donde se avala que en las tres comisiones por las que pasó todos los diputados estuvieron a favor, por lo que no entendía que ahora en sesión de pleno se quisiera discutir de nueva cuenta el contenido de la misma.
De la misma manera intervinieron otros diputados como la legisladora Xitlalic Sánchez Servin quién señaló que si no se incluia el tema de la iniciativa ciudadana 3 de 3 se estaría perdiendo una oportunidad histórica; en cambio, Sergio Dessfasiux Cabello nombró como “una burla” esta iniciativa, la cual calificó de “plagio” por el hecho de venir de una legislatura anterior.
No obstante, posterior a esto se convocó a un receso para discutir en privado el tema antes de la votación. Luego de aproximadamente media hora, los diputados reaparecieron en el pleno del Congreso del Estado para votar la iniciativa, quedando claro que habría dos reservas: una en el caso del tema de la publicidad de las declaraciones de los funcionarios, como el esquema 3 de 3 lo señala, y, por otro lado, el aumento de cuatro a siete años los que los comisionados de la CEGAIP ostentaran el cargo. Al final se llevó a cabo la votación nominal, siendo aprobada por mayoría con 23 votos a favor y tres en contra.
Lo bueno
Al final de cuentas, la nueva Ley de Transparencia del Estado es prácticamente una armonización fiel de manera local de la del orden federal recién aprobada. Sobresalen algunos puntos importantes, como incluir por primera vez el concepto de “gobierno abierto” que, aunque no se ha desglosado, refiere que toda la estructura, programas y acciones, de todos los niveles de las diferentes autoridades deben estar abiertos a la participación ciudadana directa en todos los sentidos, es decir que de alguna manera siempre debe ser prioridad la consulta ciudadana o cualquier solicitud de información antes de la decisión de algún funcionario.
Por otro lado, está el concepto de “datos abiertos”, que implica que para contrarrestar prácticas de opacidad de las autoridades, como es el tema de las copias en físico o entregar información en formatos complicadas como el PDF, ahora todas están obligadas a entregar la información en el formato que más le convenga al ciudadano, ya sea digital o físico.
Asimismo, se incluye a San Luis Potosí dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia, lo que quiere decir que se entra a una etapa en donde, a nivel nacional, ya sea en la entidad o en cualquier parte del país, se puede solicitar información de las autoridades del estado y que se deba entregar en el mismo formato que se pueda requerir.
De la misma forma San Luis Potosí se convierte en el primer estado que requiere a los funcionarios públicos y representantes populares presentar sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal, que son las tres de la iniciativa 3 de 3 en versión pública de la declaración de los servidores públicos, las cuales se publicarán año con año a más tardar 15 días después de ser presentadas por el servidor público ante el órgano competente tanto al inicio como al término de su gestión.
También se aprobó que ahora las primeras veinte copias de cualquier solicitud de información tienen que ser gratuitas para el solicitante y más allá de las veinte sólo se puede cobrar lo inherente al costo de los materiales, como pudiera ser el papel y la tinta utilizados.
Lo no tan bueno
En otro sentido, se perdió la oportunidad de convertir a San Luis Potosí en la entidad con la legislación en materia de transparencia más avanzada del país al no incluir, tal como lo solicitaron algunos diputados, el esquema 3 de 3 tal como se ha planteado a través de una iniciativa ciudadana a nivel nacional, y se dejó a criterio discrecional la publicación de las mismas.
Asimismo, en un inicio en la propuesta de los llamados broncos se incluía un artículo que refería la prohibición estricta de la propaganda oficial en donde apareciera la figura personal de los funcionarios públicos, en la que apareciera su imagen o voz, en cualquier época del año y para todos los niveles de gobierno y dependencias, sin embargo este artículo fue desechado.
Además, se dejaron fuera todas las propuestas que se habían hecho con la intención de fortalecer y reformar la estructura orgánica y administrativa de la CEGAIP, como el caso de la reelección de los comisionados, el aumento de tres a cinco el número de comisionados; el aumento en el periodo de tiempo en el cargo, que se propuso fuera de siete años y no de cuatro, como actualmente lo marca la ley, e incluso también se descartó que fueran los propios comisionados los que eligieran al presidente del organismo, todo esto con el argumento de que, por cuestiones presupuestales, no se está en posición de engrosar la estructura burocrática de la institución y por el contrario se buscaría eficientar su labor.
Las reservas
En otro sentido, el diputado Héctor Mendizábal Pérez reservó para votación particular el artículo referente a los años que duran en el cargo los comisionados de la CEGAIP y propuso que se aumentara a siete años, según refirió, para evitar que puedan estar sujetos a los “caprichos” de las autoridades electas, sin embargo posteriormente retiró su reserva y aseguró que en sesiones posteriores promoverá una iniciativa en este sentido.
Por otro lado Enrique Alejandro Flores Flores reservó los artículos 84 y 86, con la intención de que se modificara la propuesta y se adhiriera que se tendrían que ajustar al esquema 3 de 3 de la iniciativa ciudadana existente a nivel nacional, es decir incluyendo el tema de la máxima publicidad que en el dictamen original se dejaba a criterio de los funcionarios, esto según dijo “para hacer historia y no solo simulación” lo cual fue aprobado a final de cuentas por mayoría a pesar de la inconformidad de varios de sus compañeros legisladores.
