Jaime Nava
Desde el 13 de noviembre el Congreso del Estado viola la constitución de forma reiterada al no dictaminar, sesionar y votar la iniciativa “preferente” presentada por Juan Manuel Carreras López el 29 de septiembre para crear el Sistema Estatal Anticorrupción, denunciaron ciudadanos en una carta enviada al gobernador en donde se le recrimina por no hacer efectiva su protesta de “cumplir y hacer cumplir la Constitución del Estado”.
De acuerdo con el documento, los firmantes se reunieron con Juan Manuel Carreras el pasado 23 de agosto en la Casa de Gobierno en donde les anunció la presentación de la iniciativa para crear el Sistema Estatal Anticorrupción y se mencionaron temas relacionados como “las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses (la #3de3) y el caso emblemático de Sandra Sánchez Ruiz en el Ayuntamiento de la Capital”.
El artículo 61 de la Constitución Política del Estado establece que las iniciativas presentadas para trámite preferente deberán ser “dictaminadas, discutidas y votadas por el Pleno del Congreso del Estado en un plazo máximo de cuarenta y cinco días naturales” y de no ser así tendrían que discutirse en la siguiente sesión del Pleno. El plazo constitucional venció el 13 de noviembre y desde ese día a la fecha los diputados han sesionado en cinco ocasiones más sin que en ninguna de ellas hayan abordado el tema del Sistema Estatal Anticorrupción.
Por esa razón el grupo de ciudadanos lamentó que el gobernador sea omiso ante el “quebranto y falta de respeto constitucional” y consideraron “urgente que el Congreso del Estado se someta al orden constitucional, pues la lógica indica que si ese cuerpo colegiado no cumple la condición de desahogo de los asuntos que la Constitución le ordena, lo coloca al margen de la ley máxima del Estado y, en consecuencia, los acuerdos tomados en las últimas tres sesiones rompen con un principio constitucional, lo que deja en duda su validez”.
Pidieron a Carreras López que “tome las medidas conducentes que estén a su alcance para propiciar que el Congreso del Estado se someta al orden constitucional” y que haga lo necesario para sancionar a los diputados que han incurrido en violaciones a la constitución.
La carta, fechada el primero de diciembre, fue sellada de recibido por la Secretaría General de Gobierno y fue firmada por Alfredo Lujambio Rafols, Héctor Blanco Cedillo, Manuel Nava Calvillo, Luis Nava Calvillo, Arturo Farías Oliva, José Guadalupe González Covarrubias y José Victoriano Martínez Guzmán.
