Stella Calloni, corresponsal
Buenos Aires. La renuncia del presidente del Tribunal Oral 1 de La Plata, provincia de Buenos Aires, el juez Carlos Rozanski, quien recientemente denunció persecución política del Consejo de la Magistratura, causó conmoción ante una avanzada del gobierno del derechista Mauricio Macri sobre la justicia independiente.
Rozanski presidió el tribunal que condenó a prisión perpetua al comisario Miguel Etchecolatz y a otros responsables de delitos de lesa humanidad cometidos durante la pasada dictadura (1976-1983), y denunció a principios de este mes serias amenazas, que atribuyó a quienes pretenden frenar los juicios contra los cómplices civiles del régimen militar.
El magistrado acusado de supuesto “maltrato laboral”, recibió la solidaridad de organismos de derechos humanos, del premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, abogados y personalidades de Argentina y del exterior. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y la decana de la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata, Florencia Saintout, presentaron dos amicus curiae ante el Consejo de la Magistratura, después de condenar el proceso contra el magistrado.
Carloto y Saintout advirtieron que existe una “manifiesta intención persecutoria” y que preocupa la posibilidad de que este proceder sea consecuencia de una carta pagada que firmó un grupo de periodistas y abogados progubernamentales para “remover a los jueces que, al parecer, por su independencia de criterio, prestigio y bien obrar, no resultan benéficos para la actual etapa de gobierno”.
En el mismo esquema persecutorio, el juez federal Claudio Bonadío, que tiene en su haber una serie de denuncias por accionar al margen de la justicia en causas graves, pidió en estos días que su colega Daniel Rafecas, también bajo persecución de fiscales y jueces adictos al gobierno actual, le envíe la causa en la que se investiga la denuncia por el Memorándum de Entendimiento con Irán presentada por el fiscal Alberto Nisman (fallecido en enero de 2015), contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el canciller Héctor Timerman.
La denuncia no puso ser aceptada porque no aportaba ninguna prueba y estaba basada en suposiciones y en datos falsos, como que la ex mandataria había pedido el levantamiento de la alerta roja que mantenía Interpol contra los funcionarios iraníes, acusados por Estados Unidos e Israel -también sin pruebas- del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994. La jefatura de Interpol dejó claro que el gobierno de Fernández Kirchner nunca le pidió levantar el alerta roja, lo que además sólo puede hacer un juez.
Ahora el expediente está en la Cámara Federal, de donde debe ir a Casación, que en dos oportunidades también desestimó la denuncia por las mismas inconsistencias que advirtió el juez Rafecas. Pero ahora apeló la derechista Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA).
“El expediente de la denuncia de Nisman está archivado por inexistencia de delito”, según reafirmó Rafecas y la Sala I de la Cámara Federal, señala el analista Raúl Kollman, quien advierte que “era un secreto a voces en tribunales que Bonadio quería quedarse con la causa contra la ex presidenta y el ex canciller. Sostiene asimismo que este es un expediente político, ya que criminaliza un tratado firmado por autoridades elegidas y aprobado por las dos cámaras del Congreso. Para colmo, el tratado nunca entró en vigencia porque Irán, el supuesto beneficiado, ni siquiera lo convalidó”.
Sin embargo, Bonadío insiste y le abrió -entre otros varios- un juicio a la ex presidenta “por traición a la patria” lo que confirma la persecución abierta contra la ex mandataria.
Ley del arrepentido
En este marco en que se advierte la indebida utilización de la justicia la Cámara de Diputados convirtió en ley la ampliación de la figura del arrepentido para los delitos de corrupción.
En un país donde los medios de comunicación fabrican causas con denuncias falsas y con absoluta impunidad, esto se convierte en una verdadera amenaza. Más aún cuando hay detenidos ilegalmente como el empresario Lázaro Báez, a cuyos hijos se ha presionado para que acusen a la ex presidenta de ser parte de delitos. La iniciativa, modificada en el Senado, fue aprobada por unanimidad 137 votos a favor y 0 en contra cuando estaban ausentes del recinto 118 legisladores, la mayoría del opositor Frente para la Victoria, que estaban acompañando el paro nacional de mujeres, el miércoles pasado.
Además del oficialismo y como ya es común la propuesta fue apoyada por el Frente Renovador, cuyo dirigente Sergio Massa, aparece como opositor al gobierno de Macri, pero vota sus medidas, incluso las más impopulares. También el Bloque Justicialista, el grupo que abandonó el Frente para la Victoria.
La polémica ley del arrepentido ha sido utilizada en Estados Unidos, incluso eliminando condenas a algunos detenidos para testificar en causas políticas que interesan especialmente a Washington. A pesar de que los especialistas en el tema criticaron partes de esta ley, ahora los jueces podrán utilizar la figura del arrepentido en causas de cohecho, enriquecimiento ilícito, contrabando y delitos contra la administración pública, entre otros.
El juez podrá negociar disminución de la pena con el imputado que aporte información comprobable referida a personas con su misma responsabilidad o mayor y solamente podrá referirse a situaciones en las que estuvo involucrado y no a declaraciones de terceros.
En ningún caso el arrepentido podrá acceder a la eximición completa de prisión y sólo podrá tener una reducción del castigo si la información que brinda se encuadra en delitos tipificados con una pena igual o mayor a la suya. Se establece que este tipo de tratos, no serán aplicables a casos en los que se investiguen delitos de lesa humanidad. Juristas y abogados criticaron que la ley incorpora la figura del arrepentido a una cantidad de delitos muy amplia, que excede a los del “crimen organizado”.
Grave denuncia
El presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, monseñor Jorge Lozano, dijo que la muerte del sacerdote Juan Viroche, ahorcado en su parroquia de Tucumán, coloca a las personas frente a los “aprietes y extorsiones del crimen organizado”.
Entrevistado por el portal Vatican Insider, el obispo sostuvo que “la muerte del padre Juan nos ha enfrentado con una realidad que hace rato venimos señalando y que, más allá de las causas que después se terminen de establecer a nivel judicial, hay en nuestro país, como en tantos otros de América Latina … se trata de un sistema de aprietes, extorsiones y amenazas que ejerce el crimen organizado a sacerdotes, catequistas, directivos. Estas bandas del crimen organizado ocupan lugares muy importantes, corrompen funcionarios de las fuerzas de seguridad, del poder judicial y políticos”.
