Carlos López Torres
En medio de un escenario internacional convulso, con recurrentes tropezones económico-financieros que afectan a los países dependientes, sobre todo aquellos que, como México, tardíamente buscan diversificar su mercado afectado por la presencia de un futuro gobernante imperial proteccionista y racista, los gobernantes tricolores no atinan sino a reproducir los viejos esquemas del debilitado presidencialismo despótico, como si nada en este país hubiera cambiado en los últimos años.
No es que se haya producido un cambio político significativo y relevante en el viejo régimen; más bien se trata de una serie de cambios que se han venido operando en una sociedad que, ya en el hartazgo, ha salido a las calles para demandar un alto al abuso de poder con sus respectivos despilfarros y corruptelas que van en aumento, cuyas facturas invariablemente se pasan una y otra vez a las y los ciudadanos sin que estos vean retribución alguna de parte de los gobernantes.
No deja de ser significativa la pérdida de consenso del Poder Ejecutivo, con el desaire ocasionado por la Coparmex que se ha negado a firmar el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico, por considerarlo “improvisado, incompleto e insuficiente”, signado en un acto en Los Pinos en que fueron sentados a la mesa “líderes” charros, empresarios y funcionarios de primer nivel para “arropar” al débil presidente Peña Nieto, quien ha tenido que soportar como ningún otro el generalizado grito reproducido en todo el país en cuanta manifestación pública se ha realizado en los últimos días: ¡Fuera Peña!
La crisis de gobernanza en mayor o menor medida alcanza a buena parte de las entidades federativas, derivado de los propios yerros de los mandatarios estatales y municipales en el ejercicio de gobierno, con sus escandalosos desvíos permitidos por los otros poderes y los ancestrales pendientes producto de la corrupción tolerada, heredados de administración a administración con la consabido “cuidado de espaldas” al que deja el cargo.
La acumulación de agravios contra el pueblo hoy encuentra la ocasión para el reclamo popular. Ahí están como botones los casos del inescrupuloso manejo de las pensiones estatales que afectan a los maestros del SEER, los de Telesecundaria y los trabajadores y trabajadoras al servicio del gobierno del estado; el manejo dispendioso en la Procuraduría General del Estado con la existencia de un indeterminado número de aviadores o la inseguridad en sus diferentes modalidades, incluyendo la generada por las propias corporaciones policiacas.
Las manifestaciones de descontento por la carencia de agua en diferentes rumbos del entorno capitalino, o en algunas colonias donde de plano no existe el servicio por no estar registradas, según dice Interapas, aunque la Constitución General de la República establece como un derecho humano el acceso al preciado líquido, plantea una reforma a la ley respectiva que invoca la Comisión Estatal del Agua.
En fin, la lucha pareciera continuar como lo deja ver la creación de un frente estudiantil contra el alza en el precio de las tarifas del transporte urbano, que serán aumentadas por el gasolinazo y de acuerdo al aumento en el índice de precios, en un momento en que la inflación entra de lleno en una espiral a la alza.
¿Será que el gobierno de Juan Manuel Carreras se dignará escuchar los reclamos populares, empezando por garantizar el derecho de audiencia de todos los ciudadanos?
